TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La audiencia inicial para dos de los cinco exdiputados y para un miembro de una Organización No Gubernamental (ONG) privada fue programada por un juez natural para este sábado -16 de diciembre-, según informó la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo.
Se trata de la excongresista del Partido Nacional, Sara Ismela Medina Galo, el exdiputado suplente nacionalista, Carlos Roberto Guevara y José Rogelio Sánchez García, miembro de la ONG privada.
Según declaraciones de Castillo, esta segunda audiencia tiene como objetivo “la evacuación de medios de prueba que estará aportando el ente acusador del Estado y las pruebas que estaría presentando la defensa de los imputados para desvirtuar tal acusación”.
Cabe resaltar que a los implicados se les dictó detención judicial, donde Medina Galo se encuentra guardando prisión en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), mientras Guevara y Sánchez García están recluidos en la Penitenciaría Nacional de varones, informó la portavoz.
La Fiscalía espera que a los imputados se les ratifique la prisión preventiva y el auto de formal procesamiento, mientras los apoderados legales harán lo posible para que el juez natural les dicté medidas cautelares distintas a prisión, que podrían ser las resoluciones que se les dicte tras esta segunda audiencia.
Drenaron más de 42 millones de lempiras
La suma que presuntamente los implicados desviaron asciende a los más de 42 millones de lempiras (42,500,000), según la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).
Los fondos fueron saqueados de las arcas del Congreso Nacional a través de una organización no gubernamental, denominada Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH).
Los recursos se gestionaban a través del Fondo Departamental, pero eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados.
Se detectó que uno de los imputados que cumplió su rol como cooperador necesario, registró su firma en las cuentas que eran parte de la ONG y se autoacreditó 28 millones de lempiras,
Asimismo, se hizo depósitos a 26 cuentas particulares, entre ellos la de los exdiputados acusados, mientras tanto el dinero restante fue trasladado a terceros sin ninguna justificación.
En resumen, el origen y giro de los fondos provino de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta de banco de la AJOPADIH y las mismas se acreditaron en un periodo de seis meses.
