TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De seis a ocho semanas pasaría el período posparto o puerperio para las mujeres a través de una reforma al artículo 135 del Código del Trabajo.
Un proyecto de decreto presentado por Adriana Castellanos, diputada de Libre, plantea esta modificaciónm cuya propuesta consta de tres artículos.
“Toda trabajadora en estado de gravidez (embarazo) gozará de un descanso forzoso, retribuido del mismo modo que su trabajo durante las cuatro semanas que preceden al parto y las ocho que le sigan, y conservará el empleo y todos los derechos correspondientes a su contrato de trabajo”, subraya el cambio a la disposición del conjunto de normas vigente.
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El artículo dos de la iniciativa estipula que “la ampliación del tiempo de descanso forzoso después del parto deberá ampliarse en la misma proporción establecida en el artículo precedente en otras leyes y reglamento que forman parte de la legislación nacional”. Por primera vez las féminas que integran la junta directiva del Congreso Nacional dirigieron una sesión ordinaria en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Las ocho hondureñas que forman parte de la directiva del órgano unicameral estuvieron ayer al frente de la reunión legislativa, portando una camisa distintiva en honor a la fecha.
Un mensaje grabado de la presidenta Xiomara Castro fue reproducido en el hemiciclo, en el que manifestó que enviará al Congreso la Ley Integral contra la Violencia de Género.
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Otros proyectos
Por otro lado, se propuso elevar a la categoría de heroína nacional a la extinta ambientalista Berta Cáceres; la Ley de Aulas Cunas para estudiantes adolescentes madres, así como una normativa contra la violencia política de género.
Aunque se anunció que desde la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) se presentaría una enmienda al articulado de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, en la que se incorporó la polémica amnistía para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia -catalogada como un nuevo pacto de impunidad-, no se realizó y será introducida hasta este día.
Con este decreto ya se benefició a exfuncionarios públicos, unos en el exilio y otros que guardaban prisión por motivaciones no políticas, por lo que cualquier intención de cambiarlo sería extemporánea.
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