TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un auto de formal procesamiento con medidas distintas a prisión se les dictó a tres exdiputados acusados por fraude de 42 millones de lempiras de las arcas del Congreso Nacional.
Esta medida fue aplicada a los congresistas Fredy Espinoza Mondragón, Miguel Ángel Gámez y Gladys Bernarda Casco Cruz.
Los parlamentarios podrán defenderse en libertad, entre las medidas que tendrán que cumplir será presentarse cada 15 días a un Tribunal y la prohibición de salir de Honduras.
En este caso también figuran los excongresistas Sara Medina Galo y Carlos Roberto Guevara, además del representante de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH), José Sánchez, a quienes el pasado 16 de diciembre de 2023 se les dictó el también auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva por el delito de fraude.
Los representantes de la ONG fueron identificados José Rogelio Sánchez García y Geovanny Castellanos Deras, que según las investigaciones, apoyaron para drenar los fondos de las arcas del Congreso.
Con esta resolución, el Poder Judicial comprobó que a través de una ONG, en los períodos legislativos 2006-2010 y 2010-2014 varios diputados sustrajeron dineros y cometieron delitos de fraude”.
¿Cómo drenaban los fondos del excongresistas?
De acuerdo al requerimiento fiscal, las gestiones de los exdiputados eran realizadas a través del Fondo de Desarrollo Departamental para la ejecución de proyectos sociales a través de ONG.
Sin embargo, una vez hechos los desembolsos, los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos congresistas que tramitaron los recursos y a otros diputados.
Parte de los fondos también eran desembolsados a particulares que los utilizaban en asuntos distintos para los que estaban predestinados, que eran labores sociales, según fiscales del Circuito Anticorrupción.
Asimismo, se efectuaron gestiones de subsidios otorgados de forma irregular a varios exparlamentarios mediante el uso del Fondo de Desarrollo Departamental, siempre bajo la justificación que eran para “ser ejecutados en proyectos u obras de desarrollo social”.
Según las investigaciones, el origen y giro de los recursos provino de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta de banco de la AJOPADIH, dinero que se acreditó en un periodo de seis meses.
Se detectó que uno de los imputados que cumplió su rol como cooperador necesario, registró su firma en las cuentas que eran parte de la ONG y se auto acreditó 28 millones de lempiras y a su vez hizo depósitos a 26 cuentas particulares, entre ellos la de los exdiputados acusados.
Por otra parte, el dinero restante fue trasladado a terceros sin ninguna justificación.
