Honduras: 750 exdiputados bajo la lupa por Fondo Departamental
Los congresistas han buscado varias formas de sacar la partida, de la cual se han asignado más de L 2,300 millones, sin cumplir con los estándares mínimos de transparencia ni rendición de cuentas
Las primeras auditorias del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) han encontrado una serie de irregularidades en los fondos ejecutados por los diputados.
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jue 3 de noviembre de 2022 a las 0:0
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TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más de 2,300 millones de lempiras fueron distribuidos en 12 años a los diputados del Congreso Nacional (CN), mismos que en su ejecución generaron denuncias de corrupción, falta de transparencia e injerencia política.
El anuncio de que el actual Congreso Nacional busca “resucitar” el Fondo Departamental con otro nombre genera alarma debido a los antecedentes de mal manejo de este tipo de recursos públicos.
Es por ello que mediante el decreto 141-2017, en su artículo 231, se instruyó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a que conformara una unidad especial para que investigara a unos 750 diputados y exdiputados en un rango de 12 años (2006-2018) que hayan recibido recursos del Fondo de Desarrollo Departamental.
La orden era realizar el proceso de auditorías por un período de tres años, es decir, que el TSC ya debería presentar un informe general de los hallazgos, ya que recibieron un presupuesto de 45 millones de lempiras para este fin.
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Auditorías
De acuerdo con un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), hasta inicios del 2022, cuando fue elaborado, solamente se habían publicado 60 auditorías, con casos que ameritan profundas investigaciones.
Para muestra un botón, uno de los informes de auditoría elaborado por el TSC expresa que en Francisco Morazán, del presupuesto global, que fueron 6,750,000 lempiras entre los años 2011 al 2017, un total de 1,000,000 estaba destinado al mantenimiento de la red vial no pavimentada del municipio de Lepaterique y 500,000 lempiras al mantenimiento de la red vial no pavimentada en el municipio de El Porvenir.
Mediante notas enviadas por los alcaldes de El Porvenir, José Luis Rubí Acosta, con fecha 5 de julio de 2019, y por Óscar Sánchez Martínez, alcalde municipal de Lepaterique, con fecha 10 de julio de 2019, ambos afirman desconocer que se haya ejecutado algún proyecto en sus municipios por medio de la Organización para el Desarrollo Comunitario Integral (Odecoin).
De acuerdo con el informe, desde el 2006 el Congreso Nacional ha venido implementando diferentes mecanismos para que los diputados, con una marcada injerencia de la presidencia de ese poder del Estado y desde el Ejecutivo, reciban recursos públicos para ejecutar proyectos.
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El manejo de fondos por parte de los legisladores ha desencadenado una serie de actos de corrupción, dudas en los métodos de rendición de cuentas y las cuestionantes sobre si los diputados fueron electos para legislar o administrar recursos públicos para ejecutar proyectos.
El informe de la ASJ, capítulo Honduras Transparencia Internacional, denominado “Fondo Social Departamental del Congreso Nacional 2007 al 2018: Marco legal, controles institucionales y resultados sociales”, establece que los diputados recibieron más de 2,300 millones de lempiras.
El documento explica que el artículo 205 de la Constitución de la República reza que la función legislativa atribuida a los diputados del Congreso Nacional tiene como responsabilidad central la creación, derogación e interpretación de las leyes de la nación.
Contrario a esto, a partir del año 2006 se viene produciendo paulatinamente una degeneración de esa función con la creación de fondos departamentales, entendidos estos como subsidios que disponen los congresistas para sus departamentos, otorgando a los diputados las funciones de gestores y ejecutores de proyectos.
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Efectos
Tal acción, más que una oportunidad para contribuir al mejoramiento de la vida de personas y comunidades empobrecidas, los fondos departamentales han sido una estrategia de patronazgo y clientelar político entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como entre el presidente del Congreso y los parlamentarios, entre políticos y activistas, y entre diputados y sus votantes.
Según el informe, que recoge datos del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), en el 2008 fueron asignados 450 millones de lempiras, para el 2009 bajaron a 250 millonesEn el 2010 sumaron a 400 millones, dando la misma cantidad entre los años 2011 y 2012.
Para los años 2013 y 2017 no hay rastro del fondo, no porque desapareciera, sino porque fue manejado de forma discrecional por el Poder Ejecutivo, presidido en esas fechas por Juan Orlando Hernández.
Sin embargo, en 2018 regresa al CN, con la aprobación de 400 millones de lempiras.
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En el 2006 surgieron los Fondos Departamentales como el Fondo Especial para el Desarrollo Social, ya para el 2008 se pasó a llamar Fondo Social de Planificación Departamental.
En el ejercicio fiscal del 2011 fue denominado Fondo de Desarrollo Departamental y para el 2018 fue reformulado con una partida de 400 millones de lempiras.
Este fue titulado “para la ejecución, por los diputados al Congreso Nacional, a proyectos comunitarios, de inversión en obras, equipamiento o ayudas en áreas sociales en los diferentes departamentos del país”.
Ahora quiere hacer lo mismo el actual Congreso Nacional, ya que su presidente Luis Redondo expresó que los legisladores piden un mecanismo para atender la alta demanda de los ciudadanos.
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El secretario del CN, Carlos Zelaya, coincidió que se debe buscar una manera para atender las necesidades de la población que le llega a pedir ayuda a los diputados.
Demandó que el mecanismo sea lo más sencillo posible, pero el diputado no debe manejar los fondos, recomendó.
No obstante, según el documento de la ASJ, los fondos departamentales han sido la partida confidencial con que cuenta un presidente del Congreso.
En su análisis, la ASJ señala que con la adición de la facultad de administrar fondos públicos, la función legislativa sufrió una degeneración.
Esto porque concede una excesiva discrecionalidad a la presidencia del Poder Legislativo en la aprobación y asignación de proyectos, y provee a los parlamentarios la posibilidad de ejecutar obras por altas sumas de dinero, sin que existieran controles o sanción alguna por el incumplimiento de las disposiciones legales.
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