TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La bancada del Partido Nacional se pronunció sobre el controversial proyecto de Ley de Justicia Tributaria impulsado por el partido Libertad y Refundación (Libre) a través del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y aseguró que contempla medidas que acabarían con el empleo e inversión en Honduras.
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De acuerdo a los diputados de oposición la propuesta de ley “no promueve seguridad jurídica, inversiones extranjeras, producción nacional, propiedad privada, ni bajará los elevados costos de la canasta básica”.
Según la bancada nacionalista los rubros del turismo y la construcción, que han venido dando resultados positivos al país, se verán afectados por la eliminación de la Ley de Fomento Agropecuario.
Los diputados del Partido Nacional calificaron como “medidas descabelladas” aplicar impuestos a las remesas y pronosticaron que el envío e ingresos de las mismas se verían reducidos, lo que pondría en peligro el sustento de miles de hondureños que son beneficiados por sus familiares que residen en Estados Unidos.
Además se refirieron a la eliminación del secreto bancario y la creación de empresas estatales, considerando dichas medidas como “un retroceso, porque es una estrategia que ya fracasó en Honduras y en todo el mundo”.
La oposición instó al gobierno a instalar, de manera urgente, diálogos con empresarios, puesto que consideran que son ellos los generadores de empleo y riqueza y no el gobierno.
Concluyeron haciendo la invitación a los sectores sociales, gremiales, empresariales y productivos para realizar las observaciones y sugerencias sobre el polémico proyecto, para así lograr consensos y evitar la aprobación de la misma.
¿Qué es el proyecto de Ley de Justicia Tributaria?
El gobierno de Honduras publicó el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, el cual contempla la derogación de los beneficios fiscales conocidos como exenciones o exoneraciones, el secreto bancario, entre otras medidas.
“Se derogan los beneficios fiscales denominados exenciones, exoneraciones, incentivos brindados en contratos o cláusulas de estabilidad, bonificaciones, deducciones, liberaciones tributarias o aduaneras y, en general, todos los beneficios preferentes previstos por la normativa tributaria y aduanera”, señala el artículo 16 del proyecto jurídico.
El nuevo sistema tributario aspira a que “pague más quien más tenga”, y que las exoneraciones propuestas por un máximo de 10 años se conviertan en incentivos para el desarrollo que generen beneficios para todo el país, y no solo para “unos pocos grupos económicos”.
La idea también es evitar que Honduras sea declarado un “paraíso fiscal” y que sea capaz de generar los recursos necesarios para combatir la desigualdad y propicie un desarrollo sostenible, según indica el proyecto impulsado por el gobierno.
Para entender el proyecto, hay que remontarse a mayo de 2022, durante la presentación del informe del primer año de gobierno en cadena nacional, la mandataria hondureña indicó que impulsaría la Ley de Justicia Tributaria para evitar los “abusos de los regímenes de exoneraciones” y facilitar los trámites en la administración pública.
“Todos los impuestos, exoneraciones que se aprobaron en la década perdida, fueron encaminadas a la destrucción de lo público y a profundizar el feroz modelo económico público-privado de corrupción y de impunidad estructural que tenemos que desmontar”, inició diciendo.
“Este modelo económico está agotado, es excluyente y se demuestra cuando el Estado no cuenta con recursos para atender a 4.5 millones de personas en extrema pobreza, no obstante se perdonan al sector privado más de 60 mil millones de lempiras que se dejan de pagar en impuestos protegidos con 40 leyes que fueron aprobadas bajo la condición de atraer inversión y generar empleo y en paralelo se crearon 14 nuevos impuestos cargados directamente al pueblo”, agregó.
“Contrario a lo que sostienen los obsesionados defensores del modelo en nuestro país son los excluidos, los emigrantes y los pobres quienes sostienen la economía y subsidian a la clase económica privilegiada. En los próximos días remitiré al Congreso, sin aumentar nuevos impuestos, una nueva reforma de ley de justicia tributaria dedicada a evitar los abusos de los regímenes de exoneraciones en instaurar un sistema progresivo y justo”, precisó.
Por otra parte, Castro señaló que durante su primer año de gobierno se han hecho esfuerzos extraordinarios en el manejo de las finanzas estatales, resaltando las medidas de política fiscal y monetaria que se han implementado durante su gestión.
La empresa privada en Honduras muestra preocupación por el proyecto que ha planteado el Gobierno, ya que asegura, alejará la inversión, reducirá captación de impuestos, afectará la generación de empleo y aumentará la pobreza en Honduras.
Con la propuesta, se pretende eliminar regímenes de exoneraciones fiscales, a lo que los empresarios se oponen porque los incentivos ayudan a generar y atraer inversión, además de mantener empleos para los hondureños.
