Tegucigalpa, Honduras.- El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, aseguró este jueves que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de suspender el acuerdo sobre la instalación de bases militares de Estados Unidos en el país, sin requerir la aprobación del Congreso Nacional.
“La Constitución dice que en ciertos casos los tratados pasen al Congreso, pero en ciertos casos ya para la denuncia la mayoría no tienen que ir al Congreso”, explicó Reina, quien de forma contundente sostuvo que “la Constitución no dice absolutamente nada” sobre la obligación del Ejecutivo de someter esta decisión a la deliberación del Legislativo.
La presidente hondureña Xiomara Castro amenazó el miércoles pasado, en su mensaje de Año Nuevo difundido en cadena nacional, con retirar las bases militares estadounidenses de territorio hondureño si la administración entrante de Donald Trump aplica una política de deportación masiva de migrantes.
Si Trump adopta una actitud hostil de expulsión masiva de migrantes, Castro anunció que “tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras”.
El secretario de Relaciones Exteriores respaldó la postura de la mandataria de negociar o presionar por una política migratoria más humana a cambio del acuerdo militar entre ambos países: “Hace correctamente la presidenta de alguna forma de poner las cartas sobre la mesa a la administración Trump”.
“Bueno, aquí tenemos una base militar y, bueno, ¿cuál sería ante esta nueva realidad si sería de beneficio mutuo y tendríamos el derecho?, creo yo, en este diálogo de decir, bueno, si no hay un beneficio para Honduras en una relación, tenemos que replantearle lo que es algo”, expuso en declaraciones a la radio HRN.
Acuerdo militar entre Honduras y Estados Unidos
Honduras y Estados Unidos suscribieron en 1954 el Convenio Bilateral de Ayuda Militar, un acuerdo en el que ambas naciones se comprometieron a proporcionar “los equipos, materiales, servicios y otra ayuda militar que autorice el gobierno que preste esa ayuda de conformidad con los términos y condiciones que se acuerden”.
Como resultado de este convenio, en 1982 se estableció la base militar en Palmerola, Comayagua, tras aprobarse un anexo al acuerdo original. Dicho anexo estipulaba que “Estados Unidos emprenderá un programa para el mejoramiento de las instalaciones existentes en los aeropuertos hondureños de Palmerola, Golosón y La Mesa”.
El artículo cuatro del anexo especifica que “el gobierno de Honduras autoriza al gobierno de los Estados Unidos de América para hacer uso de las instalaciones de los aeropuertos a que alude en el párrafo 1”, es decir, Palmerola, Golosón y La Mesa.
De acuerdo con este artículo, las autoridades estadounidenses pueden emplear las pistas para actividades como abastecimiento y reabastecimiento de combustible para sus aeronaves, mantenimiento de las mismas y sus equipos, alojamiento de personal, comunicaciones, suministros, almacenamiento y otras tareas relacionadas.
Este apéndice se agregó en un contexto de alta tensión en Centroamérica, marcada por movimientos guerrilleros que buscaban derrocar regímenes autoritarios. En ese escenario, Honduras se convirtió en un centro estratégico de operaciones para Estados Unidos, cuyo objetivo era frenar las revoluciones armadas en la región.
En 1983, un año después de haberse aprobado el anexo, se estableció la Fuerza de Tarea Conjunta 11 y luego se designó como Fuerza de Tarea Conjunta-Alfa.
Esa unidad es nombrada posteriormente, en 1984, como Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo “con la misión de desalentar la agresión nicaragüense”, según una línea de tiempo difundida por el Comando Sur de Estados Unidos.
Al entrar a la década de los 90, y con ello a un período de relativa paz, la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo pasa a desempeñar “misiones humanitarias bilaterales y operaciones de asistencia”.
En el marco de este convenio también consta la aprobación de un protocolo para la realización de maniobras y ejercicios militares combinados en 1989, ratificado por el Congreso Nacional.
Aunque los tratados internacionales deben aprobarse por el Poder Legislativo antes de ser ratificados por el Ejecutivo, Reina insistió en que la interrupción de los acuerdos no necesariamente deben seguir esa vía para darse por finalizado. Citó, como ejemplo, la salida al convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y la denuncia al Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos.
“La letra del tratado es lo que dice expresamente, dice que cualquiera de las partes denunciará a la otra, la denuncia en un término de tanto tiempo, entonces, eso no dice que tiene que volver al Congreso, yo creo que es querer manipular de que pudieran utilizarlo políticamente”, expuso.
Reina sentenció que “sería como una aberración quererle implementar un mecanismo que no existe en el derecho de Honduras y en el derecho internacional”.
