Los bienes de la familia Rivera Maradiaga mejor conocida como Los Cachiros valorados en 800 millones de dólares -equivalentes a 18 millones 400,00 lempiras- pasarían al Estado, ya que no existe la manera de que la defensa de los que fueron designados como narcotraficantes puedan sustentar lícitamente esta riqueza incautada.
Aunque la audiencia de evacuación de medios de prueba celebrada en los Juzgados de Privación de Dominio de Bienes de origen Ilícito en este caso inició en los primeros días del mes de septiembre, la misma fue suspendida y se reanudará hasta el 10 de octubre.
Una gran cantidad de expedientes deberán de ser analizados previo a realizar inspecciones en varias zonas del noroccidente del territorio hondureño, donde operaba el cartel de droga integrado por los hermanos Javier Eriberto, Devis Leonel, Santos Isidro y María Lizeth Rivera Maradiaga.
El imperio forjado durante una década y valorado en mil millones de lempiras por esta organización criminal hondureña se encuentra conformado por 118 bienes inmuebles, entre propiedades y empresas, 11 sociedades mercantiles, 26 vehículos y 71 cuentas bancarias, respectivamente.
En 2013, Los Cachiros fueron designados por el Departamento de Estado de los EE UU como una peligrosa organización de narcotraficantes que operaba en el litoral atlántico hondureño, particularmente en los departamentos de Gracias a Dios, Atlántida y Colón.
EL HERALDO reveló que la familia Rivera Maradiaga notificaron al Ministerio Público (MP) sobre la abdicación a la riqueza confiscada por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco), sin embargo el ente acusador del Estado lo consideró improcedente.
Incógnita
La incógnita sería lo que el Estado de Honduras hará con esos bienes del crimen organizado, en específico de Los Cachiros varios sectores de la población insisten que ese patrimonio debería de ser destinado a causas sociales como la salud, recreación, sobre todo para la educación pública.
La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) en la mayoría de las ocasiones subasta las propiedades que se le privan a quienes se dedican a actividades ilícitas como el tráfico de drogas, por lo que en esta ocasión el Estado tendría la oportunidad de cederlas para la instalación de centros de enseñanza o espacios recreativos sin restricción de acceso, según especialistas.
Una fuente de entero crédito del MP consultada por EL HERALDO aseguró que la asociación ilícita pudo haber movido más de mil millones de lempiras a través del sistema bancario.
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