TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Partido Nacional junto a Libertad y Refundación (Libre) se acusan el uno al otro en la dilación de aprobar el presupuesto, así como el procedimiento especial para el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero detrás de ello hay cálculos e intereses políticos.
Los cambios planteados a siete artículos de la nueva Ley Electoral a conveniencia del oficialismo generaron el rechazo de la oposición en específico del partido de izquierda, por lo que su delegado en la comisión especial votó en contra de los dictámenes. Los cachurecos buscan que sea Kelvin Aguirre, su representante en el organismo que administra los procesos democráticos y quien asumirá la Presidencia en septiembre próximo, el único con la potestad de difundir datos oficiales sobre los resultados preliminares de las elecciones generales del 28 de noviembre, de conformidad a la reforma por adición al artículo 279.
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Si las consejeras Rixi Moncada o Ana Paola Hall contravienen esa disposición serían sancionadas con una pena de cuatro a seis años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la condena. De esta forma se pretende tener el control por los nacionalistas e implica una estrategia para que no se repitan las denuncias de irregularidades hechas en el 2017 por el magistrado suplente del otrora Tribunal Supremo Electoral (TSE), Marco Ramiro Lobo.
Además, el Partido Nacional demanda que se garantice la divulgación de resultados de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del 12% de la carga electoral en al menos 228 municipios, por lo que el CNE deberá de contar con tres opciones confiables para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). La incredulidad en el uso de tablets y que no se aseguren las condiciones para la divulgación de los votos rurales a favor del partido de la estrella solitaria se mantiene entre sus líderes y dirigentes.
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Otras posturas
En el caso de Libre el coordinador general, Manuel Zelaya Rosales arguye que se le redujeron los recursos requeridos por el ente colegiado para las votaciones venideras. No obstante, el vocero de la bancada de esta fuerza mayoritaria, Jorge Cálix, mencionó que no se oponen a admitir el monto de hasta 800 millones de lempiras como presupuesto adicional al Consejo siempre y cuando se remuevan del segundo dictamen las enmiendas a la normativa en materia electoral que fueron impuestas y no negociadas.Libertad y Refundación no está dispuesto a que se le limite a su representante en el órgano electoral, incluso sostiene que luchará hasta el final para que no se geste un nuevo fraude.
Si bien las autoridades de la bancada del Partido Liberal coinciden con algunas posiciones de Libre en ningún momento votaron en contra de los dictámenes relacionados al CNE y al final se terminan acomodando a las decisiones del Partido Nacional, según analistas políticos.
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