El exfuncionario del expresidente Porfirio Lobo Sosa fue detenido en Santa Lucía, zona oriental de la capital, tras una orden de captura emitida en horas de la mañana.
Cerrato Durón fue trasladado a las instalaciones de la Atic y el martes será llevado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde se le realizarán los trámites de su juicio, debido al cargo que ostenta como diputado del Parlamento Centroamericano.
La audiencia de declaración de imputado será realizada este martes a las 9:30 de la mañana.
Cerrato fue acusado el pasado 05 de noviembre de librar varios cheques con exorbitantes sumas de dinero, supuestamente para gastos de alimentación y vestuario de la guardia de honor en el período 2010-2014.
Las investigaciones de la la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) indican que Cerrato Durón, como Secretario de Estado en Administración y Gestión Financiero Presidencial, libró de la cuenta de cheques a nombre de Casa Presidencial/ Administración y Casa Presidencial/Guardia de Honor por lo menos 84 cheques, todos por 100,000 lempiras.
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Proceso
Tanto Wilfredo Cerrato Durón como Ramón Lobo Sosa son acusados por fraude y malversación de caudales públicos, pero si son encontrados culpables no irán a la cárcel.
El Código Procesal hondureño en su artículo 184 no contempla los delitos de fraude y apropiación, por lo tanto no se les puede imponer la medida de prisión preventiva.
“En principio en estos casos específicos el delito por el cual se les está imputando es un delito que no está comprendido en el catálogo para los cuales hay una prohibición para los jueces de cualquier naturaleza para poder librar una orden de captura”, explicó el abogado penalista Juan Carlos Sánchez.
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La gravedad la establece el Código Penal en función de la pena, pero es una cuestión subjetiva que los jueces pueden manejar, tomando en consideración el arraigo, y otras consideraciones en el no peligro de fuga del imputado, señaló el profesional del derecho.
Sumado a ello, el artículo 183 del mismo Código Procesal Penal prohíbe a los jueces decretar prisión preventiva a los mayores de 70 años.
En el caso, “Caja Chica del Hermano”, Ramón Lobo Sosa tiene 90 años de edad y Wilfredo Cerrato, 71 años.
