MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Las autoridades de la Fiscalía General de la República confirmaron este viernes que el empresario Juan José Lagos Romero fue capturado en la ciudad de Miami, Estados Unidos.
Su captura se debe a una alerta roja internacional, “gestionada por el Ministerio Público”, detalla el ente en un comunicado en el que, además, informaron que este día será trasladado a Honduras.
LEA: Caso Kevin Solórzano: Por incapacidad médica de juez reprograman fallo para el 9 de agosto
Según se conoció, Lagos Romero llega a las 2:00 de la tarde al Aeropuerto Internacional de Palmerola, donde se realizará el proceso de entrega para su detención por parte de los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).
“Juan José Lagos Romero será sometido a un proceso penal con todas las garantías del debido proceso, pero con toda la dureza que la ley castiga los delitos de corrupción”, asevera la Fiscalía.
Caso “mascarillazo”
A Lagos Romero se le acusa de la millonaria compra irregular de un lote de mascarillas entre la empresa Grupo GyT SA de CV (propiedad de Lagos), la empresa Germar Ferretería (intermediaria) y el gobierno a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), durante la emergencia de la pandemia de covid-19.
De acuerdo con la acusación Lagos Romero y su esposa, la exdiputada Waleska Zelaya, suscribieron un contrato con Invest-H por concepto de la venta de tapabocas por un valor de 50 millones de lempiras.
El acuerdo firmado en abril de 2020 se realizó a través de su empresa Grupo G y T -propiedad de la pareja- y consiste en la cantidad de 474 mil mascarillas KN95.
El sonado acto de corrupción fue destapado a inicios de junio por el Ministerio Público (MP) en el que se imputa además a Marco Antonio Bográn Corrales (exdirector), Alex Alberto Moraes Girón (exadministrador de patrimonio vial), Carlos Luis Guevara Mondragón (excontador general), Bessy Roxana Rodríguez Mendoza (exespecialista administrativa y financiera) por suponerlos responsables de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
ADEMÁS: Prohiben a funcionarios de Cancillería brindar declaraciones a la prensa
Además a Elena María Hernández González (representante legal de Germar Ferretería) y María Elena Palacios Hernández (de Germar Ferretería), acusados del delito de fraude.
Las órdenes de compra tenían un monto de L.50,836,500.00 millones de lempiras y luego por L.39,396,000.00 millones de lempiras, siendo esta última cifra la que se canceló a Germar Ferretería, pero esta le devolvió a G y T S.A. de C.V. L. 37,989,000.00 millones de lempiras.
