El proceso de depuración se fortalece en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El Consejo de la Judicatura, creado para gobernar a la CSJ, inició un proceso analítico con el fin de resolver sanciones de suspensión del cargo o despido a 93 jueces y otro personal judicial investigado por diversas irregularidades
en la administración de justicia.
Asimismo, se indaga si existe o no planillas “fantasma” en el Poder Judicial.
Los miembros del Consejo de la Judicatura
se reunieron por tercera vez para coordinar acciones atinentes a sus facultades legales.
El vicepresidente del Consejo, Teodoro Bonilla, afirmó que es firme el proceso de depuración para recuperar la confianza de la ciudadanía hacia el Poder Judicial.
“No vamos a tolerar ningún tipo de irregularidades a lo interno del Poder Judicial, no queremos funcionarios haraganes”, garantizó.
Este Consejo iniciará una auditoría del personal, se pedirá un inventario del recurso humano para constatar si existen “paracaidistas”. “De existir estos casos, serán depurados”, dijo Bonilla. Asimismo, se iniciará el proceso de aplicación de la prueba de confianza de evaluación patrimonial.
Ayer se propuso la investigación de bienes patrimoniales de jueces, magistrados de Corte de Apelaciones y otros funcionarios judiciales, especialmente aquellos sospechosos de actos irregulares. “Si existen cosas irregulares, habrán depuraciones para limpiar al Poder Judicial”, remarcó.
Pidió a los funcionarios judiciales no temer a ser investigados, ya que el proceso servirá para hacer transparente y legítima la labor que realizan.
Nombramientos
Se pedirá un informe para revisar las contrataciones de personal autorizadas en los últimos meses.
De acuerdo a sus facultades, el Consejo de la Judicatura es el legitimado para nombrar y remover al personal judicial.
Asimismo, se revisarán los procesos de compra y las licitaciones, para garantizar transparencia.
En la sesión, el Consejo de la Judicatura abordó el nombramiento de otro juez con jurisdicción nacional.
Dicho juez se sumará a otros que trabajarán con la Policía Militar. Asimismo, se abordó el tema de la logística de seguridad que se asignará a magistrados que conozcan solicitudes de extradiciones de hondureños y jueces que conocen casos graves.
El Consejo de la Judicatura demoró en instalarse por falta de presupuesto. Sin embargo, eso no fue obstáculo ya que los concejales aceptaron trabajar de fiado.
“Estamos trabajando sin salario hasta el momento, esperaremos que cuando Finanzas transfiera el presupuesto hasta ese momento tendremos el salario los concejales, ese es el compromiso que tenemos con el pueblo hondureño”, valoró Bonilla.
Se dispuso dotar al Consejo de la Judicatura de un presupuesto de 18 millones de lempiras para completar el año.
