La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó este miércoles a Honduras a proteger a los niños de la violencia y dar prioridad a la investigación de una reciente ola de asesinatos de menores en el país.
La CIDH, un ente autónomo de la OEA, 'condena el asesinato de niños, niñas y adolescentes en Honduras y considera que este grave problema debe ser asumido como una prioridad por el Estado', dijo en un comunicado.
Ante los recientes asesinatos de menores en centros de reclusión o en sus comunidades, las autoridades hondureñas deben realizar las investigaciones diligentes e imparciales y aplicar las sanciones correspondientes para 'evitar la impunidad y la repetición de hechos similares', subrayó el organismo.
Cinco jóvenes murieron y uno resultó herido el 4 de mayo al explotar una granada dentro de un centro correccional de menores, en San Pedro Sula, al norte de Honduras.
La CIDH recordó que en otros hechos recientes, cuatro niños entre dos y trece años fueron asesinados a puñaladas en su casa, y otros dos fueron torturados y asesinados: todos atribuidos por las autoridades hondureñas a las pandillas o 'maras'.
'Estos hechos se inscriben en un contexto generalizado de violencia e inseguridad ciudadana que coloca a niños, niñas y adolescentes en una posición de particular vulnerabilidad', destacó la Comisión, con sede en Washington.
'La ausencia de intervenciones eficientes y eficaces del Estado frente a los desafíos de la seguridad ciudadana genera un sentimiento de frustración y desprotección en amplios sectores de la población, lo que afecta seriamente la convivencia en una sociedad democrática y la vigencia del Estado de Derecho', apuntó la CIDH.
A finales de abril, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, Najat Maalla M'jid, urgió a Honduras a adoptar medidas para proteger a los menores víctimas de la violencia, abusos y vejaciones.
Honduras es el país con la tasa más alta de homicidios (90.4 por cada 100,000 habitantes), de acuerdo con el informe 2012 de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen (UNODC).
