TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La sentencia de cadena perpetua más 30 años para Juan Antonio “Tony” Hernández por narcotráfico, entre otros delitos, ha desprendido una serie de posturas radicales y apacibles en Honduras, por tratarse del hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.
Mientras algunos consideran que el exdiputado, de 2014 a 2018, es inocente pese a ser condenado por cuatro delitos, otros lamentan que “la justicia de Estados Unidos tuvo que hacer el trabajo de la institucionalidad hondureña”.
Para Doris Gutiérrez, diputada del Congreso Nacional por el Partido Innovación y Unidad (Pinu), la condena de “Tony” provocará que la clase política hondureña que esté involucrada en actividades del narcotráfico se blinde para evitar hechos similares.
“Van a buscar los mecanismos internos para evitar situaciones iguales a las que vivió el hermano del presidente. Los que han sido mencionados o involucrados van con todo para evitar que se les aplique una pena fuerte”, consideró.
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La congresista, en ese sentido, lamentó que el marco jurídico hondureño protege a quienes realizan acciones relacionadas con el narcotráfico y la corrupción, males endémicos en el país.
“La clase política se terminó de convencer que en Honduras no hay institucionalidad y que además se protege la corrupción, el narcotráfico y otros hechos similares”, detalló.
Gutiérrez dijo que, pese a que todavía hacen falta investigaciones por parte de Estados Unidos para acciones futuras, los implicados buscarán que la Cámara Legislativa reforme varias leyes para no ser afectados.
“Tony”es el segundo hondureño que recibe cadena perpetua. Antes fue Ramón Matta Ballesteros. |
“Ya tienen un nuevo Código Penal y van a reformar la Ley de Privación de Dominio para que los dueños o testaferros involucrados no pierdan los bienes, como le ocurrió a ‘Tony’. Es más, no me sorprende que quieran quitar la extradición”, precisó la parlamentaria.
“De aquí en adelante los involucrados actuarán como felinos heridos para evitar por todos los medios una pena como la que se le aplicó a Juan Antonio Hernández”, agregó.
En tanto Jari Dixon, parlamentario por Libertad y Refundación (Libre), dijo que el proceso de “Tony” Hernández representa una advertencia para los que fueron mencionados en los diferentes juicios que se desarrollaron en territorio estadounidense.
“Vienen nuevas acusaciones, nuevas solicitudes de extradición para muchos funcionarios dentro de la estructura del Estado que han estado contribuyendo para traficar droga hacia Estados Unidos”, aseveró.
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Ante esa situación, Dixon mencionó que en las próximas semanas se podrían hacer efectivas una serie de reformas a varias leyes en el Congreso Nacional que les permitan gozar de inmunidad para los involucrados en estos hechos.
“Cada vez que aparezca algo que los puede afectar, buscarán la forma de cambiarlo para que no sea así. No es de extrañar que el bipartidismo del Congreso ya esté hablando sobre lo que pasará en los próximos días”, advirtió.
EL HERALDO intentó comunicarse con David Chávez, Kilveth Bertrand, Antonio Callejas, Fernando Anduray y Reinaldo Sánchez, líderes del Partido Nacional, para conocer su postura, pero no hubo respuesta.
Una brecha
El exfiscal de la República, Edmundo Orellana, aseguró que la sentencia de “Tony” Hernández representa un precedente para evitar conductas que puedan surgir en el futuro.
“Ojalá que esto sea un buen ejemplo que ponga a pensar a todos para que no repitan este tipo de acciones criminales que dejan mucha vergüenza”, lamentó.
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También estimó que esta condena es una previa de los acontecimientos que podrían ocasionarse en el futuro contra los implicados.
“Han dicho claramente que ‘Tony’ Hernández estuvo involucrado con otros funcionarios, con su hermano, con militares, con políticos. Es el anuncio de que la justicia federal de Estados Unidos va contra los señalados”, dijo.
El juez Kevin Castel, de la Corte federal de Manhattan, dictó el martes una sentencia de cadena perpetua más 30 años de cárcel contra “Tony” Hernández. En octubre de 2019, un jurado de Nueva York lo halló culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico, incluyendo el envío de toneladas de cocaína a territorio estadounidense.
