TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, advirtió este jueves, a pocas horas de la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ante incapacidad de generar acuerdos el rompimiento constitucional es la posible grieta por la cual el oficialismo buscará apropiarse del Poder Judicial.
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También alertó a los hondureños que el Congreso Nacional se está prestando para jugarle la vuelta a la Constitución.
“El juego político se inclina hacia tres escenarios, ninguno de ellos apegados a la razón y respeto de la norma suprema”, apuntó Castellanos quien aseguró que esos intenciones han salido a la luz a través de varios diputados.
De acuerdo al CNA, el primer escenario es el rompimiento
constitucional ante la falta de consensos en la aprobación de la nómina presentada el pasado 25 de enero por Libre. Como se prevé que el escenario se repita y la nómina fracase, “Libre podría declarar el rompimiento del orden constitucional, el plan es responsabilizar a las bancadas que se opusieron” a esa nómina, señala el CNA a través de un video.
Castellanos explicó que la Constitución no señala qué procede cuando no se da la elección ese día (25 de enero) por no lograrse la mayoría calificada, por lo que la opción que queda es el voto directo y secreto, las veces que sea necesario.
¿Cómo entra en juego la mayoría simple?
La titular del CNA explica que elegir con mayoría simple, en lugar de calificada, sería la segunda opción al romperse el orden constitucional. Con esto estarían “omitiendo el artículo constitucional 311 que dispone que los magistrados y magistradas se deben elegir con 86 de los 128 diputados”.
Castellanos recordó a los parlamentarios que la Constitución “no ofrece posibilidad distinta a la mayoría calificada. Incluso aunque la elección sea directa y secreta siempre será necesario las dos terceras partes”.
Finalmente, y como tercer escenario, Castellanos explica lo que sucederá si al momento de terminar los magistrados actuales sus siete años de funciones (el 11 de febrero) aún no hay sucesores, entonces se “trata de un vacío constitucional que es complementado por lo dispuesto en el artículo 115 numeral 7 de la Ley de organización y atribuciones de los Tribunales que dice que las funciones de jueces y magistrados se prorrogarán de derecho hasta que tome posesión su sucesor, aunque tuviera un sustituto”.
