Representantes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) llegaron este lunes hasta el Ministerio Público para denunciar ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción (Ufecic) a cinco exfuncionarios de la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi) por el otorgamiento de contratos, para la construcción de una carretera, de forma fraccionada.
La titular del CNA, Gabriela Castellanos, se hizo acompañar del representante legal del Consejo Anticorrupción, Odir Fernández, así como del coordinador y presidente del Colegio de Abogados, José María Díaz, para presentar esta denuncia en la que señala al menos 24 contratos fraccionados entre el período 2010-2014.
En ese sentido, un total de 17 contratos suscritos fueron pagados por un monto que asciende a 104.1 millones de lempiras, aseguró la representante del CNA.
'Entre los hallazgos relevantes se identificó que solo el 5 de octubre del año 2010, las autoridades de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) efectuaron la adjudicación en un mismo día de ocho contratos fraccionados a una empresa para la pavimentación de concreto hidráulico a calles ubicadas en el municipio de Tocoa, Colón', detalló Castellanos.
Según destacó la abogada, 'los montos totales de los contratos fraccionados de manera dolosa llegaron a sumar en un mismo día más de 13 millones de lempiras, por el contrario el modo de operar se constató que los modos no sobrepasaban la cantidad de 1.7 millones de lempiras, convenientemente con la intención de no llegar a la cantidad de 1.8 millones de lempiras, que ya en este momento, en el año 2010, mencionaban las disposiciones generales del Presupuesto de la República'.
17 contratosfueron pagados por un monto que asciende a 104.1 millones de lempiras |
'El CNA verificó que cada uno de estos proyectos lograron constatar la inexistencia de la obra y comprobar de manera irrefutable el fraude en contra del Estado, siendo este un caso evidente de planificación para el concierto previo y de mala fe por parte de representantes de la Dirección General de Carreteras, quien certificó la falsa ejecución de los contratos de pavimento con la cooperación del personal dependiente a dicha carretera', agregó Castellanos.
La reconocida profesional del derecho dijo que esta es la primera de las seis líneas de investigación destinadas a este caso.
'Queda demostrado el delito de fraude contra la administración pública a través de los cargos ostentados por los funcionarios mencionados en este caso y las empresas mercantiles que sostuvieron los contratos con Soptravi', acotó Gabriela Castellanos.
