TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un despilfarro de más de 307 millones de lempiras en los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional en perjuicio del Estado en el período (2013-2018) fue denunciado este lunes -5 de junio- por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
El CNA presentó ante el Ministerio Público una denuncia por violación a los deberes contra ocho exfuncionarios de la pasada administración que integraban el Cosenjo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Entre los involucrados se encuentra a Juan Orlando Hernández (expresidente de Honduras 2014-2017 y 2018-2022), Mauricio Oliva (expresidente del Congreso Nacional), Jorge Rivera Avilez (expresidente de la Corte Suprema de Justicia), Julián Pacheco Tinoco (exministro de Seguridad), Óscar Chinchilla Banegas (fiscal general), Arturo Gerardo Corrales Álvarez (exministro de Relaciones Exteriores), Samuel Reyes Rendón (ministro de Defensa) y Carlos Roberto Aldana Zelaya (Coronel de inteligencia).
Además, se interpuso la denuncia por malversación de caudales públicos contra los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad (CTF): Juan Ramón Molina, Lourdes Alejandra Hernández Quan, Carlos Sánchez, Reynaldo Sánchez y Rosa Adelina Pavón.
De acuerdo a lo informado por el ente anticorrupción, el mecanismo utilizado en estas operaciones iniciaba con las resoluciones que emitía el (CNDS) para la ejecución de proyectos, con instrucciones sobre los bienes o servicios a adquirir.
En ese sentido, la supuesta institución beneficiada incluía el monto de inversión y la modalidad de contratación que debía realizar el CTF.
Con esta información, el Comité Técnico giraba instrucciones al fiduciario, que en este caso era el Banco Central de Honduras (BCH), por medio de la Secretaría de Finanzas para que hiciera los desembolsos.
Sin embargo, el CNA expuso que al comparar las resoluciones emitidas por el CNDS, con la documentación de los bienes o servicios adquiridos, el CTF autorizó al BCH la erogación injustificada de L 307,662,162.04.
Resoluciones
CNA informó que para la investigación se analizaron 15 resoluciones emitidas por la CNBS del 2013 al 2018 sobre diferentes proyectos.
En dichos proyectos se involucraba Secretaría de Defensa, Policía Nacional, Fuerzas Armadas de Honduras, Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación, Fuerza Aérea Hondureña y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De acuerdo a las indagaciones, se utilizaron el alquiler de transporte aéreo y de vehículos blindados, compra de unidades de lujo, vuelos charter, pago de beneficios salariales, alimentación y logística, entre otros. Incluso, se pagaron los gastos por viáticos internacionales de una integrante de la CTF para cursar una maestría en China, Taiwán, que ella misma solicitó y autorizó por un monto de L 119 mil.
Por disposición de la ley, el CNDS debía supervisar la administración que el CTF hacía de los fondos, y solicitar informes de cómo se utilizaban los mismos, además de organizar reuniones para la rendición de cuentas.
Sin embargo, el CNA denunció que el CNDS siguió emitiendo resoluciones y omitiendo su labor supervisora. Esta falta de control llevó a que el fideicomiso se administrara en números rojos desde el 2013.
El Consejo Anticorrupción expuso que se realizaban actividades “distintas” para dar apariencia de legalidad al despilfarro de los fondos de la Tasa de Seguridad.
