Tegucigalpa, Honduras
Más de 300 millones de lempiras fueron sustraídos mediante actos de corrupción por diputados y funcionarios de varias instituciones del Estado, denunció este jueves el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
La institución de sociedad civil presentó el informe “Las redes de corrupción y sus modos de operar en Honduras”, donde citó con nombre y apellido a varios funcionarios involucrados en los supuestos actos de irregulares.
Alrededor de 160 millones de lempiras fueron sustraídos de la Secretaría de Salud, 120 millones en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 21 millones en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y más de 12 millones en el despacho de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo.
El jefe de la Unidad de Investigación del CNA, Odil Fernández, detalló que son cinco casos analizados con seis redes de corrupción.
En el primer caso reseñó que en el 2011 se creó una comisión para determinar el acondicionamiento del centro regional de Infop en Catacamas, Olancho.
El equipo que dijeron que urgía comprar era de electrónica, mecatrónica, mecánica y refrigeración, pero el mayor negocio ilícito estaba en el área de mecánica.
Los funcionarios explicaron que iban a acondicionar el centro regional para la reparación de vehículos tipo BMW, Audi y Mercedes Benz, pero en ese lugar no hay de esos carros.
En la red de corrupción se identificaron a dos personas relevantes, el actual diputado al Congreso Nacional, David Chávez, y el actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la Sala Penal, José Olivio Rodríguez, y se mencionó a un ciudadano alemán.
La denuncia la interpuso el CNA el 31 de marzo de 2016 ante el MP, donde el total de funcionarios involucrados son seis y 64 millones de lempiras analizados, el perjuicio fue de 21 millones de lempiras para el Infop.
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Narcotráfico
En la ENEE se sigue una línea de investigación de la construcción de un complejo donde dormirían las personas que trabajan en la construcción de la represa Patuca III.
Para este proyecto se destinaron más de 400 millones de lempiras en un proyecto que ahora no funciona, a pesar de que las obras se hicieron mediante un decreto de emergencia.
La red de corrupción, según el CNA, fue gestada por el exgerente de la ENEE, Roberto Martínez Lozano, quien invitó al líder del cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga y a la socia de Rivera Maradiaga, Irsa Pacheco Murillo y a otros socios vinculados por el narcotráfico con el fin de lavar activos en este proceso.
En marzo del año anterior, EL HERALDO reveló en exclusiva las irregularidades cometidas en este caso.
Los involucrados son 14 funcionarios públicos, con una persona particular, donde el análisis fue de 306 millones de lempiras y el perjuicio es de 120 millones de lempiras.
En cuanto a la Secretaría de Salud, Fernández aseguró que lo perdido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) no es nada en comparación con la corrupción de esta institución.
Para el CNA es un cartel el que opera en esta institución, donde establecieron de momento dos redes de corrupción, pero hay más.
La primera red era liderada por Cristina Díaz Tábora, exsecretaria general de la Secretaría de Salud, quien creó diferentes empresas donde involucró a toda su familia, caso que también fue denunciado por EL HERALDO en el año 2016.
Tábora también creó una empresa para su hijo, quien a los 18 años apareció en procesos de licitación pública. En total esta funcionaria se benefició de 258 licitaciones con 88 millones de lempiras, generando un perjuicio de 49 millones de lempiras.
Fernández mencionó que en la segunda red de corrupción de Salud aparece la empresa Distribuidora Santa Fe, que tenía como socio directo al actual diputado nacionalista, Rolando Dubón Bueso, donde también aparece su cuñada.
Esta empresa vendía a precios sobrevalorados los medicamentos a la Secretaría de Salud y hasta se los robaban, por ejemplo, la azitromicina la vendían a 101.95 lempiras a Salud y cuando el CNA las cotizó costaba 12 lempiras.
La denuncia la presentó el CNA el 17 de mayo de 2017, donde 383 funcionarios públicos están vinculados y cuatro particulares. De un total de 170 millones de lempiras, 85 los perdió el Estado en estos actos de corrupción.
La siguiente red de corrupción fue liderada por la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien sustrajo de una cuenta bancaria a nombre de Casa Presidencial y en el despacho de la primera dama más de 12 millones de lempiras.
El 22 de enero de 2014, a las 3:46 de la tarde, sustrajeron los fondos cinco días antes de salir del poder. Bonilla de Lobo retiró los más de 12 millones de lempiras y fueron depositados a su cuenta personal.
Fernández expuso que “desafortunadamente tenemos que dar los nombres, porque no es posible que transcurridos tres, cuatro años, estas líneas de investigación no puedan ser judicializadas, no porque no existe la posibilidad, sino porque no existe la voluntad para combatir la corrupción”.
