TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A 24 horas para que cobre vigor el nuevo Código Penal no hay más tiempo para reformas durante la vacatio legis y si el Congreso Nacional no sesiona hoy de forma virtual no se volvería a ampliar la entrada en vigencia de este conjunto de normas.
Los cambios pendientes que podría sufrir este instrumento jurídico no pretendían endurecer las penas para los delitos contra la corrupción, narcotráfico, lavado de activos y otros ilícitos, por lo que se evidencia la falta de voluntad no solo del órgano unicameral, sino también de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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El máximo órgano jurisdiccional de la nación dilató la remisión de la opinión del proyecto de decreto que envió el Poder Ejecutivo al CN para modificar nueve disposiciones de este marco legal que comprenden las figuras delictivas de femicidio, extorsión, trata de personas al igual que el desplazamiento forzado interno.
Aunque EL HERALDO informó que el pleno de magistrados de la CSJ se reuniría ayer para definir si procedían estas enmiendas, al final no hubo un encuentro, desconociéndose los motivos.
Por seis meses se extendió inicialmente la vacatio legis, es decir, el período que transcurre entre la publicación de una norma hasta su entrada en vigencia, del decreto legislativo 130-2017 contentivo de esta ley, mientras que el pasado 9 de mayo el CN concedió una prórroga de 45 días que culmina este día.
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Incumplidos
Otro de los compromisos incumplidos para cambiar el articulado de esta normativa y asumido por el propio presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, con el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) fue la despenalización de los delitos contra el honor, específicamente de la injuria y calumnia.
Varios abogados y entidades que están en contra del nuevo Código advirtieron que con el primer minuto que esté vigente la novedosa herramienta en materia penal se podrán interponer acciones legales en beneficio de imputados por diversos crímenes, implicando un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
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La bancada de Libertad y Refundación (Libre), Partido Innovación y Unidad (Pinu) y una facción del Partido Liberal que se ha denominado como la bancada de la dignidad han venido solicitando la abrogación de este Código, incluyendo diversas organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, desde el Congreso mencionaron que no procede la derogatoria hasta la próxima legislatura debido a que se declaró sin lugar la iniciativa del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) que buscaba ese fin.
Las recomendaciones de modificación a los artículos 553, 554, 573, 574, 587, 588 y 589 concernientes a las reuniones al igual que manifestaciones ilícitas, asociación para delinquir, desórdenes públicos, perturbación del orden, incluyendo la asociación terrorista, no fueron tomadas en consideración.
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A través de una carta pública, las centrales obreras hicieron las sugerencias en esas disposiciones al tiempo que cuestionaron la drástica disminución de penas para delitos de índole sexual y de violencia general.
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