TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tener el control completo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) para poner a personal por afinidad política y adoctrinar a los alumnos con ideologías partidarias es lo que se busca el partido Libertad y Refundación (Libre) con una intervención, advierten autoridades y algunos alumnos de esa institución.
Luego que la diputada independiente Ligia Ramos, presentara un decreto al Congreso Nacional en el que se establece crear una comisión interventora en la casa de estudios, el rechazo y el descontento de la comunidad universitaria no se ha hecho esperar.
De acuerdo a la iniciativa que fue presentada al pleno la semana pasada, la interventora estaría integrada por tres comisionados: uno nombrado por el Poder Ejecutivo que será quien la preside, otro comisionado que será un ex rector de la Universidad Pedagógica y debe ser nombrado por el Congreso Nacional y el tercero nombrado por la asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil, convocada por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
La Comisión que tendrá facultades legales, académicas y administrativas suficientes, asumirá el gobierno de la UPNFM con el fin de resolver el conflicto que mantiene desde el 2023, normalizar su funcionamiento y elevar los estándares de calidad educativa, señala el decreto.
Agrega que los interventores tendrán la representación legal de la universidad y podrán reubicar, suspender, separar y reintegrar en sus cargos a las actuales autoridades administrativas y académicas para lograr los propósitos establecidos.
Estudiantes consultados por EL HERALDO manifestaron que lo que se busca es reestructurar por completo esa casa de estudios para colocar gente por afinidad política.
“Lo hicieron con la universidad de agricultura, lo quieren hacer con la universidad autónoma ahora con el problema que hay en el sindicato y con nosotros a través de esa intervención, pero estamos en contra”, dijo Abner Medina, estudiante de la carrera de Español.
El joven coincide con las autoridades de la UPNFM, quienes consideran que no hay argumentos válidos para intervenir la institución.
“Quieren convertir a la universidad en un botín para sí mismo, porque aquí se reparten las instituciones entre ellos, pero la universidad no ha respondido a ningún interés político”, apuntó el vicerrector de asuntos administrativos, Darío Cruz.
El académico aseguró que la intervención causaría un fuerte daño a la institucionalidad de la universidad, además retrasaría los procesos académicos y administrativos como las actualizaciones de los planes de estudio que iniciaron este año de algunas carreras e impediría la libertad de cátedra.
“Desde el momento que se busca ejercer control sobre una universidad se está impidiendo la libertad de cátedra, porque se va a influir en el nombramiento de los profesores, se controlará lo que dicen; el riesgo que se corre es que se perderá la libertad de hablar, de enseñar, opinar”, dijo Cruz.
Comisión
El objetivo principal de la comisión será generar todos los procedimientos legales, administrativos y democráticos a fin de desarrollar un nuevo proceso de elección de las nuevas autoridades de las autoridades de la UPNFM, eso con el propósito de restaurar la correcta gobernanza de la universidad.
La intervención tendrá una duración de un año, los cuales podrán ser prorrogables por aprobación del Congreso Nacional.
Durante el ejercicio de sus funciones, suspenderá de sus funciones a titular de la rectoría, vicerrectorías, consejo superior universitario, consejo directivo, jefes, coordinadores y secretarios académicos, así como otros cargos que estimen convenientes, asumiendo la Comisión las funciones y atribuciones de estos.
Para el vicerrector de Asuntos Estudiantiles, Bartolomé Chinchilla, con la intervención lo que se pretende es que grupos que ya estuvieron como autoridades vuelvan a estar al mando de la universidad.
“Hay un grupo minoritario que quieren asaltar la universidad y quieren volver a sus cargos, porque ya habían sido autoridades”, afirmó.
Para cumplir con las funciones encomendadas, la comisión podrá solicitar la colaboración e integración de otras instituciones públicas o privadas que considere pertinentes, manteniendo en todo caso comunicación y diálogo permanente con todos los sectores vinculados con la universidad, señala la iniciativa.
Deberá rendir informes trimestrales al Congreso, los cuales deberán contener los avances y las acciones efectuadas en la UPNFM, incluyendo el efecto de las medidas transitorias implementadas orientadas a alcanzar el saneamiento y equilibrio administrativo y funcional de la institución, establece.
Conflicto
Aunque es desde el Congreso que se busca la intervención, las autoridades le atañen la idea a un grupo minoritario de personas, entre ellos docentes, empleados administrativos y algunos estudiantes.
Sin embargo, el grupo negó que ellos pidieran la intervención, pero aseguran que es la única alternativa para lograr que la universidad retorne a la normalidad.
“Realmente hemos probado todo, pero hasta el momento no hemos encontrado otra salida que pueda retornar la institucionalidad a la Universidad Pedagógica”, dijo René Noé Martínez, catedrático de la UPNFM.
La comisión interventora al finalizar su período deberá rendir al Congreso Nacional algunas recomendaciones, entre ellas la creación de un órgano de gobierno y forma de elección de sus autoridades, mediante un proceso democrático y transparente con apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral.
Un proyecto de presupuesto, un modelo de administración, así como otras recomendaciones pertinentes para el funcionamiento eficiente y sostenible de la UPNFM.
La Comisión Interventora queda autorizada para ejecutar el presupuesto vigente de la universidad, así mismo de los hallazgos encontrados, si es procedente, la comisión deberá informar al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al Ministerio Público (MP) o a la Procuraduría General de la República (PGR), según sea el caso, señala el decreto.
El decreto será turnado a la comisión de Educación, quien dictaminará el proyecto para su discusión o lo engavetará.
Las autoridades confían que el decreto no avanzará, aseguran que si la comisión de educación lo dictamina favorable estarían violentado el artículo 160 constitucional que señala la autonomía universitaria.
