TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva denuncia fue lanzada por el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, en relación a la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
Ahora Zambrano advierte que dicha comisión aprobaría la cuestionada Ley de Justicia Tributaria, sin la opinión de los sectores y sin los votos requeridos por el pleno de diputados.
Dicha acción sería por orden del partido Libertad y Refundación (Libre), pues la oposición sigue rechazando dicha propuesta.
“El gobierno de libre ordena a La Directiva usurpadora del Congreso que a través de la ilegal comisión permanente aprueben la ley de justicia tributaria sin escuchar a los sectores productivos del país y sin los votos que requiere la ley”, publicó el líder nacionalista a través de su cuenta de X (antes Twitter).
A criterio del congresista por el departamento de Valle, con esta determinación se perderían “miles de empleos” y se instalaría una “dictadura socialista” que terminaría con la democracia en Honduras.
La Comisión Permanente tiene previsto reunirse este martes -7 de noviembre- tras la negativa de los jefes de bancada de oposición de asistir a la reunión convocada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
¿Qué es el proyecto de Ley de Justicia Tributaria?
El gobierno de Honduras publicó el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, el cual contempla la derogación de los beneficios fiscales conocidos como exenciones o exoneraciones, el secreto bancario, entre otras medidas.
“Se derogan los beneficios fiscales denominados exenciones, exoneraciones, incentivos brindados en contratos o cláusulas de estabilidad, bonificaciones, deducciones, liberaciones tributarias o aduaneras y, en general, todos los beneficios preferentes previstos por la normativa tributaria y aduanera”, señala el artículo 16 del proyecto jurídico.
El nuevo sistema tributario aspira a que “pague más quien más tenga”, y que las exoneraciones propuestas por un máximo de 10 años se conviertan en incentivos para el desarrollo que generen beneficios para todo el país, y no solo para “unos pocos grupos económicos”.
La idea también es evitar que Honduras sea declarado un “paraíso fiscal” y que sea capaz de generar los recursos necesarios para combatir la desigualdad y propicie un desarrollo sostenible, según indica el proyecto impulsado por el gobierno.
Para entender el proyecto, hay que remontarse a mayo de 2022, durante la presentación del informe del primer año de gobierno en cadena nacional, la mandataria hondureña indicó que impulsaría la Ley de Justicia Tributaria para evitar los “abusos de los regímenes de exoneraciones” y facilitar los trámites en la administración pública.
“Todos los impuestos, exoneraciones que se aprobaron en la década perdida, fueron encaminadas a la destrucción de lo público y a profundizar el feroz modelo económico público-privado de corrupción y de impunidad estructural que tenemos que desmontar”, inició diciendo.
“Este modelo económico está agotado, es excluyente y se demuestra cuando el Estado no cuenta con recursos para atender a 4.5 millones de personas en extrema pobreza, no obstante se perdonan al sector privado más de 60 mil millones de lempiras que se dejan de pagar en impuestos protegidos con 40 leyes que fueron aprobadas bajo la condición de atraer inversión y generar empleo y en paralelo se crearon 14 nuevos impuestos cargados directamente al pueblo”, agregó.
“Contrario a lo que sostienen los obsesionados defensores del modelo en nuestro país son los excluidos, los emigrantes y los pobres quienes sostienen la economía y subsidian a la clase económica privilegiada. En los próximos días remitiré al Congreso, sin aumentar nuevos impuestos, una nueva reforma de ley de justicia tributaria dedicada a evitar los abusos de los regímenes de exoneraciones en instaurar un sistema progresivo y justo”, precisó.
Por otra parte, Castro señaló que durante su primer año de gobierno se han hecho esfuerzos extraordinarios en el manejo de las finanzas estatales, resaltando las medidas de política fiscal y monetaria que se han implementado durante su gestión.
La empresa privada en Honduras muestra preocupación por el proyecto que ha planteado el Gobierno, ya que asegura, alejará la inversión, reducirá captación de impuestos, afectará la generación de empleo y aumentará la pobreza en Honduras.
Con la propuesta, se pretende eliminar regímenes de exoneraciones fiscales, a lo que los empresarios se oponen porque los incentivos ayudan a generar y atraer inversión, además de mantener empleos para los hondureños.
¿Cuál es la polémica de la Ley de Justicia Tributaria?
EL HERALDO tuvo acceso al proyecto de decreto en que al menos 14 regímenes fueron eliminados.
El documento -al cual tuvo acceso EL HERALDO- contiene 76 páginas y en el artículo 4 establece que podrán adherirse al Rinde las personas naturales o jurídicas que generen nuevas inversiones y se enmarquen en la política de inversiones contenida en la presente ley.
Los incentivos tributarios del Rinde abarcarán diez períodos fiscales una vez se inicien las operaciones mercantiles, pudiendo ser prorrogables por diez años en casos de emergencia ordenados por el Estado por medio de la Presidencia de la República.
El beneficio en este régimen consistirá en deducciones sobre la base imponible del Impuesto Sobre la Renta (ISR), aportación solidaria y activo neto explicado en tres incisos del artículo 5; además de la no simultaneidad ni arrastre de créditos explicados en el sexto artículo.
Se crea también el Régimen de Zonas Francas, administrada por la Administración Aduanera de Honduras (AAH), que abarcará las empresas dedicadas a la manipulación, procesamiento, manufactura, producción, reparación, mantenimiento de bienes y la prestación de servicios destinados a la exportación o reexportación que realicen nuevas inversiones.
El capítulo II establece la derogatoria de al menos 14 regímenes fiscales, mismos en los que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) estuvo en absoluto desacuerdo.
