TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las invasiones de tierra se han reactivado en Honduras con fuertes indicios de convertirse en una severa crisis como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
Los empresarios, analistas y sindicalistas llaman la atención a las autoridades del gobierno para que tomen decisiones que frenen esta escalada de conflicto y violencia que se está dando por las tierras del Bajo Aguán, Choluteca y Cortés debido al ingreso de grupos armados a tierras que producen palma, caña
y minerales.
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Como resultado, en los últimos meses se han registrado amenazas y muertes a propietarios y guardias de seguridad. También están paralizados 2,219 millones de dólares, unos 53,000 millones de lempiras, en inversiones. En consecuencia, se ha perdido 12,423 empleos directos y 43,000 indirectos.
También se han dejado de exportar 236 millones de dólares, ya que las personas que invaden se adueñan de la producción y la venden para financiar sus actos ilícitos, denunció el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Comisión en el CN
Debido a la gravedad del problema, el Congreso Nacional en sesión virtual aprobó una moción para conformar una comisión legislativa que aborde el tema de las invasiones de tierra que se están dando en el país.
La proposición fue presentada por el jefe de la bancada del Partido Liberal (PL), Mario Segura, y cuya comitiva sostendría reuniones con las partes interesadas en la búsqueda de una solución a esta problemática. Casi todos los diputados de las fuerzas políticas representadas en el Legislativo respaldaron la moción exhortativa.
Para lograr mayores resultados, Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), informó que el sector empresarial tiene el borrador de una iniciativa de ley para que se recuperen las tierras y se eviten más invasiones, aunque no mencionó cuándo estarían socializándola.
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Posturas
El sector empresarial es claro en su postura y defiende el respeto a la propiedad privada, la cual debe ser garantizada por el Estado. Proponen crear una estructura de gobernanza para garantizar los derechos y la promoción de las inversiones a través de un comité técnico.
Sin embargo, desde el sector campesino y sindicalista se desprende el reclamo por el acceso a la tierra y a mejores condiciones de vida para los que no poseen medios de producción.
Para Orle Solís, defensor de derechos y productor, se deben sentar a dialogar las comisiones de finanzas, derechos humanos, agricultura, Cohep y los dirigentes campesinos para que se termine con este conflicto. “Hay que hacerlo por Honduras”, motivó Solís.
Por su parte, Daniel Durón, dirigente obrero, pidió volver a lo primario, que es la tierra, la gente y la producción.
“Debe ser un punto importante para cualquier gobierno. Este es un tema toral para mantener la tranquilidad social del país”, advirtió.
Mientras que el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara, considera que la vía correcta es que la empresa privada afectada interponga la denuncia correspondiente y que el Estado ejecute las acciones que corresponden para dar seguridad jurídica. No obstante, reconoce que el tema es delicado por los antecedentes que se han registrado en el pasado. Aclaró que son unas 5,000 hectáreas las invadidas, pero Cohep afirma que rondan las 10,000.
Lara anunció que están logrando solucionar algunos conflictos haciendo uso de las tierras que tiene la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Ministerio Público
Por su parte, el Ministerio Público (MP) confirmó que han recibido constantes denuncias de usurpación de tierras.
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El MP ha investigado, ha presentado requerimientos fiscales, tiene identificado a los invasores de oficio, sin embargo cuando los expedientes llegan a los juzgados son desestimados por los jueces, por lo que la única salida de la Fiscalía de Delitos Comunes es apelar los casos, expresó Yuri Mora, vocero de la entidad
