TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En 2023, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) podría desaparecer tras constituirse en 2014 como una dependencia adscrita a la Secretaría de la Presidencia.
+Clic aquí para registrarse y leer más contenidos de El Heraldo
La entidad, que ahora es gubernamental, data del 2002, pero en ese momento siendo parte del Ministerio Público (MP) luego de aprobarse en ese año la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos.
Ante la extensa lista de irregularidades como ocultamientos de bienes, extravío de ganado, clientelismo político y millonarias pérdidas que revela el informe de auditoría forense difundido la semana anterior, el director de la OABI, Jorge Gonzales, propone la liquidación de la institución y crear una nueva que administre mejor los bienes que mantienen desde hace 20 años.
“Sugerimos a nuestras autoridades superiores que para que exista una nueva entidad debe liquidarse la anterior, porque no se puede seguir sobre la base de lo que ha sucedido con la OABI”, insistió Gonzales.
El funcionario adelantó que ya trabajan con el Congreso Nacional para tener una nueva normativa que regule al nuevo ente que sustituya a la OABI. “Ya se habló con el presidente (del Legislativo, Luis) Redondo y dijo que trabajarán en la normativa”, aseveró.
Los hallazgos
El informe proporcionado por la misma OABI devela la serie de irregularidades, desde maestrías que fueron pagadas con patrimonio de la OABI y bienes perdidos hasta dinero que se dejó de recaudar.
Para el caso, detalla que en 2021, bajo la administración de Francisco Flores se erogaron 756,884.35 lempiras para el pago de cinco maestrías a empleados.
La jefa de la región noroccidental, Diosara Mitchael Torres, fue una de las beneficiadas al cursar una Maestría en Derecho de Negocios y entre febrero y julio de 2021 se le desembolsaron 207,703 lempiras para tal fin.
Otra irregularidad que muestra es el pago de 21 millones de lempiras entre finales de 2020 y julio de 2021 a la empresa I Technology por tres contratos para proveer softwares para la administración de las empresas Cuasa, Grupo Márquez y Marinos Seafood.
Los softwares todavía se encuentran en estado de desarrollo e implementación aunque se pagó el monto total del servicio, establece la auditoría. El documento muestra que, hasta la fecha, la OABI ha tenido bajo su poder un total de 3,043 bienes inmuebles y 3,742 vehículos.
Además, ha poseído 57 aeronaves, algunas de ellas en estado inservible y ya desmanteladas. Una aeronave Pratt/Whiyney con bandera canadiense fue declarada como abandonada y desmantelada, precisa el informe.
Otro dato que se verifica es que 257 embarcaciones han pasado a la OABI, en su mayoría incautadas en acciones contra el narcotráfico.
En torno al ganado requerido a la familia Rosenthal, en 2020 se reporta el extravío de 891 semovientes y 59 equinos, cuyo monto supera los 20,996,000 lempiras. Asimismo se precisa la muerte de 352 cabezas y robo de más ganado valorado en 4,778,800 lempiras sin que nadie dé respuesta de ello.
Otro extravío reportado pero sin respuesta fue el de 40 bienes de equipo pesado a René Arturo Martínez, que fue rentado y no se pagó más de 75 millones de lempiras. Junto al dinero sin percibir también hay más de 20 deudores por alquiler de casas, locales, gasolineras, fincas y bodegas.
La OABI no percibió más de 66 millones de lempiras en los últimos tres años de pandemia debido a que el Comité de Inversiones quedó inactivo.
Deudas millonarias
La Oficina también debe cantidades considerables como 151,864,897 lempiras a empresas de seguridad. El pago de arrendamiento del Zoológico Joya Grande (cuya deuda asciende a siete millones de lempiras a octubre de 2020) es otro acto oscuro.
De la renta fija que ingresaba a la cuenta de la OABI fueron retirados 3,300,000 lempiras y no hay informe del destino de ese dinero.
A las irregularidades se suman ventas directas, violentando los procesos, como la de camionetas valoradas en medio millón de lempiras y relojes de la marca Rolex que oscilaban los 110,000 lempiras.
El informe precisa que hubo un perjuicio económico mayor a los mil millones de lempiras desde el 2013, fecha desde que se hizo la investigación.
La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) recepcionó la información, hará el estudio y emitirá los requerimientos fiscales pertinentes.
“Se da recepción al informe de auditoría forense y así se determinará qué acciones legales que emitirán por parte de la Uferco u otra unidad del Ministerio Público”, confirmó el fiscal Juan Carlos Griffin.
Jorge González, director de la OABI
“La OABI ha sido utilizada de forma incorrecta y ha reinado la corrupción, entonces creo que lo mejor es tener una nueva institución y sanearse cuanto antes ante lo que aquí han dejado”.
Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional
“Es necesario hacer una verdadera reforma y estructuración en la OABI con propiedades, carros, barcos, aviones y las empresas que están operando y que han tenido en su existencia”.
