TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el marco de la emergencia ambiental decretada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) el Congreso Nacional aprobó el miércoles un paquete iniciativas y reformas para protección del medio ambiente.
Tras varias horas de sesión, los parlamentarios aprobaron por unanimidad un decreto para establecer los límites originales al área protegida a El Merendón.
“En la hemorragia legislativa paso una reforma a la cota 200, que son las coordenadas que protegen toda la zona de reserva de la cordillera del Merendón, este proyecto básicamente modificó los límites, pero la zona de mayor afectación que buscaba este proyecto era desproteger la zona noroeste de San Pedro Sula lo que se conoce como de Armenta hasta el Zapotal”, detalló la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena.
Continúo: “A donde posterior a la cuota se desarrollaron proyectos habitacionales que estaban construidos sobre la zona de recarga conocida como proyecto habitacional ‘Jaragua’, este proyecto básicamente lo que viene es a restablecer los límites originales de la cota 200”.
La diputada por Cortés explicó que en las zonas donde ya existen construcciones debe establecerse un plan de manejo y no permitir el desarrollo de más proyectos habitacionales para recuperar la zona de reserva, además señaló que las personas que tenga su terreno y aún no tengan construcción no podrán desarrollar el proyecto.
En la misma línea, los diputados aprobaron reformas al Código Penal para aumentar las penas en los delitos ambientales.
Silvia Ayala, diputada de Libertad y Refundación (Libre) apuntó que se ha establecido en revisar las penas que estaban en el Código Penal de los delitos ambientales. Por lo que se ha establecido que acorde a la proporción del daño que se le está causando al medio ambiente, que garantice a toda la población de Honduras el goce de salud y de la vida.
Adicional a la reforma el CN aprobó el dictamen orientado a prohibir toda clase de lotificaciones y todo tipo de construcciones en un plazo de 50 años en aquellas zonas boscosas en donde los terrenos resultaren deforestados productos de los incendios forestales, cuyo origen se desconozca o sea provocado por mano criminal.