TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A más de cuatro meses de haber sido declarada como inconstitucional la Ley Marco de Protección Social por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el diputado del partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, aseveró que en los próximos días se introducirá un proyecto de decreto al pleno legislativo para solventar la falta de la normativa.
Se espera que el proyecto de decreto sea socializado la próxima semana, a fin de solventar el vacío jurídico que dejó la inconstitucionalidad de la Ley Marco a los derechohabientes del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) y el Instituto Honduras de Seguridad Social (IHSS).
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La ley será enviada a la secretaría del Congreso Nacional en los próximos días por el Consejo Social Económico (CSE), a fin que sea turnado a una comisión legislativa y que pueda ser dictaminado lo más pronto posible.
“En unos días el Congreso Nacional discutirá una ley enviada por el consejo social y económico para solventar la inconstitucionalidad de la ley marco que dejó a los derechohabientes del Rap e IHSS en el aire. Esperamos socializar la próxima semana”, escribió en su cuenta de Twitter el diputado Carlos Umaña.
Declaración de inconstitucionalidad
Por unanimidad de votos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró como inconstitucional la Ley Marco de Protección Social el pasado 5 de abril al considerarla lesiva contra el sistema de seguridad social.
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El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto en 2015 por el Colegio Médico de Honduras (CMH) ante el Poder Judicial y, posteriormente, se presentó otro recurso contra la reforma al artículo 57 aprobada bajo Decreto Legislativo 106-2018 para disponer de los ahorros de los y las trabajadoras cotizantes al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Según los galenos la Ley Marco de Protección Social violentaba al menos 36 artículos de la norma constitucional, siete del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos y sociales, tres del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y diez sobre Justicia Constitucional.
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