TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Alice Shackelford, señaló que la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobada por el Congreso Nacional tiene cosas muy buenas y se encamina a fortalecer el Estado de derecho.
“El Estado de derecho en Honduras es sumamente débil, cualquier paso y cualquier claridad que haya alrededor de como fortalecer esto, es importante. Ahora, esta ley va en esta dirección, no es el 100% de lo que se esperaba, pero es un paso importante”, inició diciendo Shackelford.
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La representante de la ONU valoró que ahora el país cuenta con un marco legal que permite dirigir el trabajo de la Junta Nominadora, lo cual en el futuro abonará para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), aunque reconoció que se necesitan más factores para la instalación de dicha instancia.
A pesar de que la ley aprobada por el Congreso Nacional el pasado lunes es diferente a lo que se había consensuado con la ONU, Schackelford dijo que lo más importante es el nuevo marco legal, manifestando que “es mejor tener una nueva ley a no tener nada”, a la vez que añadió que la recientemente aprobada por el Legislativo “tiene cosas muy buenas”.
“De no haber tenido una ley a tener una ley estamos en un contexto mejor. Hay una parte de la ley que tiene cosas muy buenas, la mayoría. Naturalmente sabemos que la parte más controversial estuvo en el artículo 15 del tema de la matriz de evaluación y entendemos las diferentes posiciones políticas”, argumentó la funcionaria de Naciones Unidas.
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La coordinadora residente de la ONU también dijo estar consciente que el proceso de elección de la próxima Corte Suprema de Justicia (CSJ) está politizado e indicó que la despolitización del mismo es algo que no se logra de un momento a otro.
Para culminar, Alice Shackelford hizo un llamado a los diputados de los diferentes partidos políticos a establecer un mayor diálogo para garantizar el éxito en el proceso de elección de las nuevas autoridades del Poder Judicial y fortalecer el Estado de derecho.
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