TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cuerpo de abogados de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) exhortaron ayer a cesar las presiones para los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para resolver el recurso de casación presentado en el caso de la ambientalista Berta Cáceres.
El pasado 18 de julio un grupo de integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), presionaron al magistrado Mario Díaz para que emitiera el fallo de la casación.
“Rechazamos posiciones tan sesgadas de parte del Copinh los cuales coaccionan y exigen a no solamente que se dé la resolución”, señaló el abogado Juan Carlos Sánchez.
Afirmó que “ha existido un grado de intimidación y presión para que la Sala Penal dicte la resolución conforme a los intereses, hemos estado esperando que los magistrados de la Sala Penal se tomen el tiempo y mencionar las irregularidades por parte del ente acusador”.
Desde hace un par de meses el abogado denunció que se habían presentado diversas irregularidades en el peritaje del caso, algo que volvió a asegurar.
“Se han cometido delitos para dirigir señalamientos específicamente contra ejecutivos de la empresa DESA. No solamente fueron irregularidades, sino que ha existido comisión de delitos por parte de los fiscales y los peritos en el caso”.
Entre esos delitos está la “falsificación y sustracción de documentos, borrado de información por los mismos peritos del Ministerio Público en el caso”, concluyó.
Por el asesinato de Cáceres fueron condenados los ejecutivos de DESA, Roberto David Castillo y Sergio Ramón Rodríguez, y Douglas Bustillo, Mariano Díaz, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte, Óscar Torres Velásquez, y Elvin Rápalo.
