C-Libre registra más de 190 agresiones contra 64 medios de comunicación

Tegucigalpa, Honduras.- La libertad de expresión es un derecho fundamental establecido en la Constitución de la República y en tratados internacionales; sin embargo, este derecho ha enfrentado serias limitaciones y desafíos en el país.

Los periodistas y comunicadores sociales se enfrentan a un contexto donde la violencia, la corrupción y la polarización política pone en riesgo sus derechos fundamentales.

El informe anual de libertad de expresión 2023 denominado “Las Palabras Importan ¡Protejamos la sana crítica!”, elaborado por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) evidencia la situación que viven los comunicadores hondureños.

Durante 2023 y 2024, cerca de dos tercios de los incidentes registrados por C-Libre son actos de violencias, entre ellas resaltan la muerte de cinco comunicadores, más de 199 agresiones cometidas contra 64 medios de comunicación que sufrieron ataques durante el año.

“Entre todas las formas de silenciamiento, la violencia física, la amenaza, el secuestro y los asesinatos se han vuelto a repetir como la forma más severa de coartar la libertad de expresión y afectar los derechos fundamentales de los comunicadores”, indica el informe.

El documento presentado este martes en la capital brinda un panorama de cómo esta la situación de los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información pública en Honduras durante los últimos 18 meses (enero de 2023 a junio de 2024).

Destaca la necesidad de darle la importancia debida a quienes con sus palabras denuncian, critican, cuestionan, enfrentan o posicionan los temas de interés nacional y la sana crítica para demandar derechos.

Desde 2003 hasta julio de 2024, C-Libre contabilizó un total de 2,365 alertas de agresiones, siendo el año 2015, 2016, 2013, 2009 y 2020 cuando se registraron el mayor número de alertas.

Aunque los datos “revelan un panorama complejo para la libertad de expresión, la persistencia de agresiones y la falta de un entorno seguro para los comunicadores evidencian la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para proteger los derechos humanos y promover el respeto a la libertad de expresión”, concluye el informe.

Amada Ponce, directora ejecutiva de C-Libre expresó que el informe destaca el aumento de los señalamientos públicos a periodistas, especialmente en redes sociales.

Esos ataques son de diversos funcionarios públicos que han estigmatizado con fuertes señalamiento, especialmente cuando se hace cobertura de hechos relacionados con corrupción, detalló.

Respecto a la distribución de las alertas muestra que la violencia este año sigue siendo el principal desafío, representando el 52.9% del todos los casos reportados; las restricciones al acceso a la información pública constituyen el 12.6% de las alertas.

Los ataques legales, el acceso a internet y la censura conforman el resto de las alertas que obstaculizan el ejercicio periodístico.

Saúl Bueso, representante de C-Libre indicó que lo que muestra el documento es que la libertad de expresión en el país esta sufriendo violaciones.

”Todo indica que estamos en una sociedad muy poco tolerante, y además un gobierno que esta apuntando a restringir la libertad de expresión; no quieren entender que la libertad de expresión permite fortalecer la democracia”, dijo.

Agregó que lo que se esta haciendo es atacar a las personas (periodistas), en lugar de desmentir con pruebas y argumentos el mensaje que esta dando el comunicador.

Entre los primeros seis meses del 2024, las agresiones contra los funcionarios vienen en su mayoría de los funcionarios públicos; el informe revela que los funcionarios son los principales agresores en casos de violaciones a la libertad de expresión, representando el 33% de las alertas.

Los agentes de la policía fueron responsables del 15% de las alertas, destacando el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Además, personas particulares representaron el 14%, lo que sugiere que la violencia también proviene de la ciudadanía.

Las autoridades de C-Libre hicieron un llamado para detener el discurso de estigmatización y criminalización que diferentes funcionarios públicos hacen contra varios periodistas,

Así mismo, al Mecanismo de Protección para Periodistas, Comunicadores, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia a tomar medidas para garantizar la seguridad de los periodistas que se vean amenazados por ese tipo de ataques.

”Tenemos que ser incisivos en eso y el Estado mismo debe responder, para que se detenga el asesinato y agresiones contra los comunicadores y periodistas que lo único que hacen es llevar la información a la sociedad hondureña y eso los convierte en blanco de aquellos que se consideran afectados a la hora d cubrir la noticia”, manifestó Bueso.

Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) destacaron la importante labor que realizan las organizaciones y medios de comunicación en la promoción de la libertad de expresión.

Por lo que llaman al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar ese derecho.