Honduras

Preocupa que OABI realice oscuros negocios con más de 6,000 bienes incautados

Sociedad civil y expertos reprueban administración de la OABI y hasta consultan si narcos tienen mejor capacidad de administrar
19.05.2024

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La incapacidad en el manejo del singular zoológico Joya Grande, incautado al cartel de Los Cachiros, es una muestra de la deficiente gestión de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), de los bienes decomisados a narcotraficantes y corruptos hondureños.

Los actos de corrupción cometidos por funcionarios de la OABI en años anteriores, quienes se quedaron con bienes incautados y millones de lempiras en efectivo, reforzando así su mala gestión administrativa, ahora tienen graves consecuencias.

Expertos consultados por EL HERALDO, llegan a una conclusión: la gestión de la OABI ha sido reprobada desde 2003 hasta los primeros cinco meses de 2024.

Este rotativo accedió al reporte de administración de la OABI actualizado al 30 de abril de este año, donde se determina que tiene bajo su custodia 2,223 bienes inmuebles, es decir, edificios, casas y haciendas, entre otros. En cuanto a bienes muebles, se contabilizan 4,286, entre automóviles, aviones, lanchas y otros.

Sin embargo, la mayoría de estos bienes no es dependencia del Poder Ejecutivo, mucho menos del Estado, ya que se encuentran bajo comiso mientras un Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito resuelve si son devueltos a sus propietarios o pasan a ser propiedad del Estado.

Aunque algunos están arrendados, otros en procesos de subasta y algunos donados, existe preocupación de que la OABI siga sumida en una mala administración y responsabilizan al Poder Ejecutivo.

“Hay que culpar a quienes están detrás de la administración de la OABI. Recordemos que aquí hay una alta responsabilidad del Ejecutivo”, opinó Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Aunque Castañeda responsabilizó al Poder Ejecutivo y a quienes dirigen la OABI, mencionó que hay dos elementos por los cuales las gestiones son reprobadas:

“La falta de presupuesto. Si no hay presupuesto para enfrentar la administración, la acusación, la custodia y el cuidado de bienes, entonces, obviamente, esto va a ser un desastre”, explicó.

El director de Seguridad y Justicia de la ASJ lamentó que “ningún gobierno ha tenido la voluntad ni la buena disposición de fortalecer esta oficina”.

“Ni juntas interventoras ni directores han podido ejercer un cambio positivo o tener buenos resultados en la OABI”, añadió.

La OABI se vio frágil al no tener capacidad ni para pagar la nómina mensual del zoológico Joya Grande, que es de 400 mil lempiras, además de 1.3 millones de lempiras destinados a la alimentación de los exóticos animales.

No solo esto, los arrendatarios de bienes asegurados deben a la OABI, según los registros hasta 2023, un poco más de 125,610,385.79 lempiras, más los impuestos de servicios públicos y bienes inmuebles, pues muchos fueron abandonados. A esto se le suma que anualmente esta Oficina tiene un ínfimo presupuesto de 9.8 millones de lempiras.

“La manera en que se pierden los bienes incautados en el país es producto de la falta de otras instancias como veedores sociales. Por eso se abre la puerta para que la corrupción entre a esta oficina”, opinó Castañeda.

Bienes, un botín de corrupción

De los 4,286 bienes muebles que la OABI administra, 1,131 están disponibles, 1,155 están en uso provisional, 603 han sido devueltos, 921 fueron subastados o vendidos y 18 donados. También hay 197 bienes arrendados, 135 en proceso de subasta, mientras que cuatro fueron declarados en pérdidas totales.

En cuanto a bienes inmuebles como casas, apartamentos y haciendas, hay 405 arrendados, 258 fueron devueltos, 42 vendidos y 1 fue donado. Un total de cinco están en proceso de subasta, depuradas hay 146, en proceso de arrendamiento son 29 y disponibles 1,957.

Aunque para expertos los datos anteriores son reflejo de soluciones económicas, la realidad es que todos estos bienes son botines de gloria para los altos funcionarios que se los pelean, y algunos bienes son hasta olvidados, es decir, que quedan sin producir.

“El gobierno tiene como incentivo hacer negocios con los bienes incautados. Ha habido experiencias en las que funcionarios se llevaban pertenencias como muebles, cuadros y refrigeradores antes de que los militares tomaran el control previo”, exteriorizó el analista Lester Ramírez.

Estas declaraciones coinciden con el informe de auditoría del 2023, donde se revela que un secretario general de la OABI se quedó con una camioneta Land Rover blindada, cuyo precio en el mercado era de un millón de lempiras y fue subvaluada en 582,250.00 lempiras.

La camioneta fue subastada el 20 de enero de 2021, autorizando la venta el mismo secretario general y el director de la OABI. El cheque de caja de 50 mil lempiras de la garantía de participación fue debitado de una cuenta del mismo funcionario.

“Incluso a mí me contaban de pleitos entre empleados públicos porque uno se llevó un televisor o un cuadro y al otro no le dejó nada. Entonces, el único incentivo para el Estado es la corrupción”, añadió Ramírez.

“En estos casos donde el Estado no tiene capacidad de regulación y administración, lo que se debe hacer es traspasarlo a un banco y que el banco lo maneje como un fideicomiso”, sugirió el experto.

Ante la reprobación de la OABI, el exfiscal general de Honduras, Edmundo Orellana, consultó públicamente: “¿Son los narcos mejores administradores que los funcionarios públicos?”

Culpan a gobiernos pasados

Ante la reprobación, el expresidente de la comisión interventora en la OABI, Hugo Suazo, respondió ante este rotativo que el principal problema es la burocracia y la falta de presupuesto.

“No estoy de acuerdo con estas opiniones. La OABI tiene capacidad de administrar, lo que pasa es que no es culpa de este gobierno, sino de los gobiernos pasados”, justificó.

“Encontramos cualquier cantidad de bienes muebles e inmuebles abandonados, como empresas de seguridad de 77 millones de lempiras”, aseveró.

Mientras los expertos consultados por EL HERALDO coincidieron en que la OABI se debe fortalecer con presupuesto, personas capacitadas y una nueva ley; la comisión que intervino en la OABI de 2023 a 2024 recomendó una reestructuración y liquidación de la Oficina