TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) se vieron implicadas en un presunto acto de corrupción al vender irregularmente un complejo turístico en una zona exclusiva de la isla de Roatán, Islas de la Bahía.
Documentos en poder de EL HERALDO evidencian cómo se ejecutó la compra directa y anticipada del complejo Palm Beach Resort, asegurado en 2019 al ciudadano estadounidense Bruce Aaron Beckner, extraditado a su país para responder a cargos por una estafa que sobrepasó los 20 millones de dólares.
La lujosa propiedad -de una área de 86,521.16 metros cuadrados- consta de un centro turístico y restaurante: en el primer nivel hay área de vivienda, garaje, dos habitaciones, baños, galeras y kioscos a lo largo de la playa. En el segundo nivel, otra área de vivienda, con un dormitorio principal, baño, una oficina. Además, un chalet de madera, con dos habitaciones, sala, cocina, baños y una extensa playa frente a las costas del mar Caribe.
La resolución de la Junta Interventora de la OABI No. 0092-07-2023, de fecha 18 de julio de 2023, firmada por el interventor Hugo Adalberto Suazo, revela que la propiedad fue vendida al señor Danny Ward McNab Jackson por 36.5 millones de lempiras.
En uno de los considerando de la resolución indica que el 5 de julio de este año se reunió la Junta Interventora conformada por los señores Hugo Suazo, Rigoberto Portillo Mejía y Roger Lenín Mendoza para abordar y aprobar la venta anticipada de la propiedad.
Según el documento, el interventor Mendoza participó en la reunión a través de una llamada de WhatsApp, en virtud de encontrarse enfermo.
Sin embargo, en el memorándum OABI-CI-1417-07-2023 los interventores Rigoberto Portillo Mejía y Roger Lenín Mendoza expresan que la venta se hizo a sus espaldas y que no autorizaron la transacción. Es decir que la venta solamente fue aprobada por Hugo Suazo, que ostenta el cargo de presidente de la Junta, pero que no tiene plenos poderes para decidir sobre el futuro de un bien.
La aseveración citada en el último considerando de la resolución de la venta directa, según los dos interventores, “carece de veracidad y constituye una falacia temeraria y una falsificación de nuestra opinión, en virtud que en fecha 5 de julio en todo el día no existió llamada del teléfono celular del comisionado Portillo, a través de la red social WhatsApp, al comisionado Roger Lenín Mendoza, y mucho menos se encontraba incapacitado, hecho que se puede comprobar con el registro de llamadas de los propietarios de los celulares”.
Señala el informe: En esa fecha el comisionado Mendoza andaba con empleados de la OABI en La Ceiba coordinando la elaboración de inventarios de las aeronaves (aseguradas) que se encuentran en la Base Aérea de las Fuerzas Armadas.
No obstante, los interventores reconocen que el 4 de julio, el comisionado presidente Hugo Suazo les llamó para informarles sobre la venta.
“En esa conversación informal -puesto que no existió una convocatoria al pleno de la junta- ante la presencia del asesor legal del comisionado presidente, abogado Carlos Argueta, vertimos nuestra opinión en el sentido que el inmueble debía venderse pero bajo el procedimiento de subasta a sobre cerrado como lo sugirió la Unidad de Ventas de la OABI”, indica el informe.
Asimismo, establece que “es una sorpresa para nosotros que casi dos semanas después de no tocar el tema, ni reunirnos como Comisión Interventora, se haya procedido a firmar una resolución de venta directa del inmueble y aún más que se señale que ambos comisionados adjuntos aprobamos la venta directa”.
Advirtieron los dos interventores que “nos opusimos a la venta directa porque el inmueble ya había sido sometido a una subasta en sobre cerrado y dicha venta no se perfeccionó por expresa renuncia del comprador, por lo cual de acuerdo al Reglamento de la OABI debió ser puesto en una segunda subasta y solo si esta fracasa se podría vender directamente”.
La Secretaría de la Presidencia, ente del que depende la OABI, tampoco autorizó la venta.
Por otro lado, de acuerdo con lo expresado por los dos funcionarios, no se les permitió establecer sus opiniones en el dictamen emitido por la Unidad Legal de la OABI, “puesto que el asesor legal Carlos Argueta, aprovechando la ausencia del comisionado Rigoberto Portillo, quien tiene la delegación de firmar todos los documentos legales de la OABI, presionó e intimidó con despedir a la encargada de la Unidad Legal, para que emitiera un dictamen favorable a la venta anticipada directa, con lo cual se violentó el procedimiento establecido y autorizado por la comisión interventora en pleno”.
Los interventores, inconformes con la venta de la lujosa propiedad, anunciaron que recurrirán a otras instancias legales para lograr anular la resolución, la que calificaron como “unilateral”.
