TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Concesionaria Vial (Covi) aceptó este miércoles la propuesta hecha por el Gobierno de Honduras para someter a una revisión el contrato por la concesión de la carretera CA-5, luego de que el fin de semana se desatara una polémica por el aumento en el precio de la tarifa en las casetas de peaje.
+ Regístrese y disfrute una nueva experiencia como lector
Luego de una reunión con autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en la que la institución del Estado planteó la propuesta de crear una comisión de auditoría, Covi aceptó someterse al proceso, a través de un comunicado.
En el escrito, se establece que “Covi ha escuchado la posición del Gobierno de Honduras y respeta sus políticas e ideología, por tal motivo y de común acuerdo, se dará inicio a lo que estipula la cláusula 18:12 del Contrato de Concesión”.
DE INTERÉS: Covi-Honduras podría recibir multas por larga espera en peajes
Dicha cláusula se refiere a que “los conflictos o incertidumbres con relevancia jurídica que pudieran surgir con respecto a la interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o eficacia del contrato o caducidad de la concesión, sean resueltos, en la medida de lo posible, mediante arreglo directo entre las partes”.
En otro punto, los representantes de la concesionaria afirman estar dispuestos a prestar la colaboración y el apoyo necesario a la comisión, estando abierta a las auditorias propuestas por la SIT.
Las evaluaciones se realizarán en materia fiscal, técnica y legal, pues se intentará determinar si ha existido incumplimiento del contrato por parte de la transnacional.
Según lo propuesto por la SIT, la comisión deberá estar integrada por la Secretaría de Finanzas (Sefin), la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el Servicio de Administración de Rentas y la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas.
La medida ocurre luego de que el 15 de enero de 2023, Covi incrementara la tarifa que se cobra a los usuarios de la carretera que debían por las casetas de peaje, situación que causó que la presidenta Xiomara Castro, ordenara detener el cobro, pues argumentó que no fue autorizado por ella. Además, alegó incumplimiento de contrato por parte de la empresa de capital ecuatoriano.
La empresa extranjera obedeció el mandato y desde entonces se realizan negociaciones, pues Covi asegura que los cobros están contemplados en el acuerdo firmado cuando se les otorgó la concesión en 2011.
“Desde el primer día la misión de Covi Honduras ha sido dar fiel cumplimiento a dicho acuerdo, habiendo invertido a la fecha más de 3,200 millones de lempiras en obras nuevas, 1700 millones de lempiras en mantenimiento vial y generado más de 3,000 empleos directos e indirectos”, argumentaron en el comunicado de respuesta al gobierno.
LE PUEDE INTERESAR: Gobierno tras los más de 700 millones anuales del peaje
