TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción declaró este domingo sin lugar las excepciones y nulidades planteadas por la defensa de las 14 personas acusadas por el megafraude de 158 millones de lempiras en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El caso denominado como “14 contratos” se refiere a varias obras no ejecutadas o a medio ejecutar entre los años 2010 y 2013 en el Hospital Regional del Norte y clínicas periféricas de Cálpules, en San Pedro Sula, y de colonia Torocagua en Comayagüela.
Estas obras de infraestructura fueron pactadas con al menos seis empresas sampedranas, las cuales fueron sobrevaloradas en un 52 por ciento, equivalente a casi 83 millones de lempiras.
Los señalados por la Fiscalía son Carlos Montes Rodríguez (ex viceministro de Trabajo y miembro de la Junta Directiva), Javier Rodolfo Pastor Vásquez (ex viceministro de Salud y miembro de la Junta Directiva), Mario Roberto Zelaya Rojas (ex director del IHSS), José Ramón Bertetty Osorio (ex subgerente Administrativo y Financiero del IHSS) y Wilmer Rolando Polanco (ex subgerente Nacional de Ingeniería y Mantenimiento del IHSS).
Asimismo, Luis Alejandro Joya Fajardo (exsupervisor de obras civiles y exadministrador del Hospital Regional del Norte), Claudia Marisol Lazo Polanco (excoordinadora de la subgerencia Nacional de Ingeniería y Mantenimiento del IHSS) y Aldo José Sevilla Cerrato (exsupervisor de obras del Hospital de Especialidades del IHSS).
Asimismo, los empresarios Óscar Guerra Ocampo (gerente general ingeniera OGO), Alex Idilio Reyes Serrano (gerente general SOTECNI S de RL), Rubén Antonio Lozano Girón (gerente general de Construcciones Lozano de Honduras), Byron Eduardo Menjívar Fuentes (gerente general BM Construcciones), Francisco Javier Pineda Peña (gerente general Constructora JOALCA) y Jack Jordan Bodden Álvarez (gerente general Diser-B).
De las personas mencionadas, Mario Zelaya, José Bertetty, Luis Joya, Wilmer Polanco, Óscar Guerra y Alex Reyes, se encuentran con la prisión preventiva como medida cautelar.
Entre las excepciones planteadas por la defensa legal de las acusados se encuentra la prescripción de la acción penal al delito de lavado de activos en base al Decreto Legislativo 93-2021 que reforma algunos artículos a la Ley Contra el Lavado de Activos vigente.
También solicitaban la extinción de la acción penal a favor de los empresarios acusados por el delito de fraude al erróneamente estimar que contra ellos no procedían dichos cargos por no ser funcionarios públicos.
Asimismo plantearon la nulidad de actuaciones a partir del auto de apertura a juicio alegando violaciones al debido proceso, sin embargo, eso se descartó y la petición fue rechazada.
Cabe destacar que la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción, además de confirmarles auto de formal procesamiento por delitos como violación de los deberes de los funcionarios y lavado de activos, ordenó que se revocaran los sobreseimientos definitivos y se les dicte auto de formal procesamiento por el delito fraude a los involucrados.
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Antecedentes
Este caso, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) de San Pedro Sula y Tegucigalpa lo denominó “14 contratos” en referencia a la suscripción irregular de igual número de proyectos de obras públicas, civiles, eléctricas y mecánicas con al menos seis empresas sampedranas, mediante las cuales se sustrajeron entre los años 2010 y 2013 la suma exacta de 158 millones 817 mil 897 lempiras.
Las obras debían mejorar las instalaciones del Hospital Regional del Norte del IHSS y en clínicas periféricas, no obstante, según las investigaciones quedaron inconclusas, con mala calidad y sobrevaloradas en un 52 por ciento de lo pagado por el IHSS, con contratos de L.179 millones 503 mil 516 lempiras, pero lo desembolsado fue de L.158.8 millones, aun así, el valor sobrevalorado ascendió a 82 millones 937 mil 586 lempiras, de lo cual se beneficiaron exfuncionarios del IHSS.
A los exfuncionarios se les acusó de delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y lavado de activos y a los empresarios de cooperadores necesarios de fraude, lavado de activos y testaferrato, por lo que el 26 de agosto se procedió al aseguramiento de 43 bienes considerados de origen ilícito, de ellos 13 fueron viviendas (12 en San Pedro Sula y Choloma y una en Tegucigalpa), 10 vehículos y 20 sociedades mercantiles, registradas su mayoría en la zona norte del país.
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