No llegaron a tiempo
TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 siguen sin funcionar, aseguró el presidente de la Comité para la Defensa de Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado.
De acuerdo a lo expresado por el defensor de derechos humanos, la intervención realizada en el 911 hace aproximadamente tres meses no está dando resultados porque lo que han hecho es despedir a “600 o 700 obreros”.
Además, afirmó que las llamadas telefónicas tampoco están funcionando, por lo que calificó que esta acción está “atentando” contra la sociedad hondureña.
En ese sentido afirmó que las cámaras “posiblemente estén activas, pero no grabando”.
Para dicha postura explicó que no están en funcionamiento porque “los que graban son peritos juramentados por el Ministerio Público ante el 911. Ese perito graba y le da seguimiento a todos los vehículos, de donde salieron, donde estuvieron. También, cómo actuaron y donde se fueron a esconder”.
Además, Maldonado adelantó que posiblemente el gobierno estaría enfrentando una demanda por parte de la empresa que años anteriores brindó el servicio del 911.
“Le anticipo que la compañía de las cámaras de seguridad ya van a demandar al estado de Honduras y nosotros el pueblo hondureño en general le va a tocar que pagar una cuantiosa suma de dinero”, declaró el defensor.
Desmiente a Hondutel
Cabe recordar que el gerente de Hondutel, José Antonio Morales, comunicó que las cámaras de vigilancia del 911 funcionan en un 95%.
Sin embargo, el defensor de derechos humanos aseguró que “es mentira que Hondutel está dando el servicio directo al 911, es otra compañía que le compra a Hondutel y esta le va a dar el servicio privado que anteriormente tenía el 911″.
Asimismo criticó la intervención instruída por la presidenta Xiomara Castro, pues no trajo beneficios “el servicio que ya teníamos”, y haciendóle un llamado al abogado Roberto Reina, miembro de la Junta Interventora.
“Usted que es el jefe de la interventora, ¿Cuándo se le va a dar el instrumento o cuándo se le va a dar al ministerio de Seguridad las condiciones para que pueda darle seguimiento a dos casos recientes: El caso del abogado Iván Martínez y el de Elkin en San Pedro Sula?, cuestionó Maldonado.
