Tegucigalpa, Honduras.- Serios conflictos se están viviendo entre los pasillos y escritorios del Instituto de la Propiedad (IP), donde las oficinas se han convertido en un frecuente campo de batalla.
La mañana del miércoles se reportó el más reciente conflicto, donde un grupo de empleados comenzó una protesta con el fin de frenar despidos que ordenó la junta interventora del IP.
Esto causó que se diera un enfrentamiento entre los mismos compañeros, que resultó en lesiones de una de las empleadas de la institución, por lo que fue necesaria la presencia de elementos de la Policía Nacional para frenar el conflicto.
“Nosotros venimos a defender a nuestra gente, nos han despedido a muchas personas y las plazas están activas para utilizarlas con amigos de la junta interventora. Nosotros, como militantes del partido Libre, tenemos que defender a nuestra gente; hemos tratado de dialogar con la junta interventora, pero ellos se tiran la pelota”, denunció Allan Aguilera, uno de los protestantes.
También se denunció que los empleados pasan con un constante miedo por las intimidaciones y el acoso laboral que sufren por otros empleados allegados a la junta interventora.
“El señor Esdras Ochoa (presidente de la junta interventora) insulta a los compañeros, ni siquiera los deja partir un pastel porque es prohibido y les grita. Ya hay varias denuncias en los Derechos Humanos, el trato de él hacia las personas es denigrante. Estamos en contra de que despidan a los compañeros”, agregó Aguilera.
Otra de las delicadas denuncias es que personas ajenas a la institución llegan armadas y encapuchadas a intimidar al personal del IP.
“Si nos llegara a pasar algo, ellos son los responsables, ya están identificados y, de igual manera, ya nos están amenazando”, agregó Aguilera.
Investigaciones
Las autoridades de la junta interventora del IP, mediante un comunicado, lamentaron los hechos violentos y, debido a este incidente, tuvieron que evacuar a los empleados.
“Conforme a los procedimientos establecidos, se ha acudido a las instancias correspondientes para que se realicen las investigaciones pertinentes y se determinen las responsabilidades de acuerdo con el reglamento interno del IP, en aras de garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente”, dice el comunicado.
Por su parte, Lenín Funes, de la junta interventora, dijo que los despidos que se están realizando se deben al vencimiento de contratos, que en su mayoría corresponden a unos 500 consultores que se contrataron y nunca llegan a trabajar.
“Se contrató a muchos activistas que no iban a trabajar, nosotros tenemos los registros de todas estas irregularidades. El IP es una institución meramente técnica”, agregó Funes.
Además, recalcó su rechazo a los actos de violencia que se dieron este miércoles y que castigarán a todos los involucrados.
“Ya hemos identificado a los encapuchados, que son reincidentes en este tipo de acciones, pero de eso se encargará el Ministerio Público cuando se hagan las denuncias pertinentes”, dijo Funes.
Al final, los más afectados por estos conflictos son los hondureños que llegan de todas partes del país a realizar algún trámite en el IP y se llevan la sorpresa de que no hay atención por peleas en el tercer piso del edificio Cuerpo Bajo C, donde funciona el IP en el Centro Cívico Gubernamental.