Tegucigalpa, Honduras.- Con la intervención del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ya suman ocho las comisiones interventoras creadas durante la administración de la presidenta Xiomara Castro.
A pesar de que las interventoras tienen como finalidad intentar resolver los problemas administrativos en las instituciones, algunos analistas opinan que, más allá de eso, han servido para darles trabajo a los allegados políticos, sin mostrar resultados claros para lo que fueron creadas.
Los expertos consultados cuestionaron que las comisiones generan altos costos en la administración pública con poco o nada de resultados sobre las acciones que realizan para mejorar las instituciones.
Raúl Pineda, analista político, consideró que las intervenciones son para darle “chamba” a los políticos que para brindar una solución. Además, cuestionó su legalidad, debido al excesivo tiempo que muchas de ellas permanecen en funcionamiento.
“Estas comisiones en su desempeño son ilegales porque trascienden el plazo que la Ley de la Administración Pública, de acuerdo a la ley, las intervenciones tienen la característica de ser muy temporales y de rendir informe de los hechos encontrados en la institución, pero aquí no se rinde informe y se prolonga el mantenimiento de la comisión”, afirmó.
“Las comisiones interventoras no están sirviendo de nada”, sostuvo.
Agrego, que una vez que se nombra una comisión, se da por finalizado el conflicto o la incorrecta administración por la que fue creada, es decir, después de su creación no se da un informe detallado de los hallazgos y no se presentan las acciones que se hicieron para enmendar esas fallas.
Otros sectores señalaron el doble discurso de las autoridades gubernamentales, pues cuando eran oposición hacían fuertes críticas hacia ese modelo de gestión; pero ahora están haciendo lo mismo.
El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández lamentó que “se siguen replicando las prácticas que fueron fuertemente criticadas”.
“En Honduras ha habido una caída muy fuerte de la administración pública, se ha ido degradando y las juntas interventoras es el resultado de la inoperancia, de la falta de capacidad, de la politización y al final, cuando una institución no cumple sus objetivos lo que se hace es que se nombran a tres nuevos burócratas”, señaló.
Por su parte, el abogado constitucionalista Oliver Erazo, apuntó que la creación de comisiones interventoras no ha tenido buenos precedentes en el país.
“Ningún país serio y ninguna administración seria progresan, avanzan y fortalecen sus instituciones con comisiones interventoras; los hallazgos en el pasado reciente en temas de comisiones interventoras simple y sencillamente no han dejado buenos precedentes”, dijo.
Interventoras en Inprema, el 911, la OABI y Servicio Civil
Durante la actual administración se han creado al menos siete juntas interventoras, las primeras fueron la del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) y la del Sistema Nacional de Emergencias 911; ambas comisiones se han mantenido en funciones, tras varias ampliaciones hechas desde el Ejecutivo.
Para Erazo esas comisiones no han dado buenos resultados. “Lo que se ocupa son instituciones fuertes y fortalecidas y eso requiere nombrar en propiedad a los titulares de las instituciones”, dijo.
En el caso del Inprema los profesores defienden que la comisión ha logrado mejorar las finanzas del instituto y presentó las reformas para mejorar las pensiones de los maestros.
A la lista de instituciones intervenidas se suman la Dirección de Servicio Civil y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
En febrero de 2023, la titular del Poder Ejecutivo anunció la creación de las comisiones, que en ese entonces tenían la finalidad de auditar, investigar y proponer soluciones en un plazo de un mes, en el caso de la OABI, y 90 días para Servicio Civil.
No obstante, la intervención en la OABI se extendió por casi dos años, en diciembre de 2024 al terminar sus funciones los comisionados recomendaron el cierre de la institución.
Rigoberto Portillo, uno de los interventores, informó que lo que se necesita es una reconstrucción en la cual hay que liquidar lo que existe y crear una nueva institución.
A pesar de las recomendaciones que dieron los interventores, en febrero de este año se juramentó a Marco Antonio Zelaya Reyes como nuevo director.
Hasta a la fecha se desconoce en detalle sobre las acciones que se están haciendo para mejorar la institución, al contrario, a diferentes sectores les preocupa la deficiente gestión de la oficina.
“Ni juntas interventoras ni directores han podido ejercer un cambio positivo o tener buenos resultados en la OABI”, opinó Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ.
Intervención en el INP, IP y el IHSS
En abril del año pasado se creó la comisión interventora en el Instituto Nacional Penitenciario (INP), con el fin de “desmontar las estructuras criminales que operan en los centros penitenciarios”.
En ese entonces se nombró a la viceministra de Seguridad Julissa Villanueva para manejarlo; pero fue suspendida del cargo tiempo después, tras la matanza de al menos 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
La intervención continúo, pero a cargo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP); a través del PCM 28-2023 se declaró en junio del 2023 estado de emergencia en el sistema penitenciario y se autorizó a la PMOP el manejo del sistema por un año.
A partir del 1 de julio de 2023 a la fecha la Policía Militar administra los centros penales del país.
Aunque unos sectores aplauden la intervención militar en el sistema penitenciario, otros señalan la falta de transparencia y rendición de cuentas.
Kenneth Madrid, analista en temas de seguridad, indicó que hay preocupaciones sobre la falta de transparencia; agregó que se han recibido muchas denuncias de grupos de derechos humanos sobre la falta de información adecuada para evaluar la situación dentro de las cárceles y las presuntas violaciones de derechos humanos hacia los reclusos.
Comisión agraria
Ese junio también se creó la comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, cuyo objetivo era resolver los conflictos de invasiones de tierra en las zonas rurales del país; lamentablemente a más de un año los resultados son nulos.
De acuerdo a la empresa privada, a pesar de las distintas reuniones que tiene los que integran la comisión, los avances no son visibles, al contrario, las invasiones se han triplicado.
Olvin Mondragón, asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), desconoce las acciones de la comisión nombrada por la Presidencia para solucionar la crisis de las invasiones.
Otra de las recientes intervenciones es la del Instituto de la Propiedad (IP), luego que se diera a conocer un presunto desvío millonario de fondos.
En mayo de este año, la presidenta ordenó la intervención, argumentando que se desviaron 18 mil millones de lempiras, fondos que serían utilizados para la transformación digital del instituto, pero que fueron destinados a financiar la construcción de viviendas, obras sociales y gastos publicitarios.
Actualmente, no hay detalles sobre los hallazgos que encontraron la comisión.
El analista José Antonio Martínez espera que la comisión no solo se quede en informes, sino que presente los documentos al Ministerio Público para que se libren requerimientos fiscales en caso de que se encuentren irregularidades.
“De lo contrario, esta nueva interventora sería solo una comisión más, que solo va a devengar salarios sin resultados y en perjuicio de la economía del país”, dijo.
La más reciente intervención se anunció el martes pasado en el IHSS, con el nombramiento de la ministra de Salud, Carla Paredes, como titular de la comisión.
Sectores, trabajadores y empleados del IHSS fueron sorprendidos con el anuncio hecho por las autoridades gubernamentales.
El médico del Seguro Social y el diputado Carlos Umaña manifestaron que está a la expectativa de lo que la junta interventora haga en el IHSS.
“Lo que sí pedimos al Gobierno es que no empiece a perseguir innecesariamente a personas, que analicen los perfiles de cada quien y lo que hay que sustituir con el objetivo de darles a los derechoshabientes lo que merecen”.
La ministra de Salud tiene el propósito de mejorar en un año las condiciones que a diario denuncian los trabajadores que hacen uso de los servicios del Seguro Social, además de desarticular los grupos de poder que algunos empleados aseguran que están en el instituto y lo mantienen en la ingobernabilidad.
