TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diversos sectores de la sociedad civil y analistas salieron al paso y cuestionaron el nombramiento de una comisión interventora en el Instituto de la Propiedad (IP).
Los entrevistados coinciden en que los interventores, Esdras Rafael Gutiérrez Ochoa, Jennifer Flores y Lenin Funes, no lograrán combatir los actos de corrupción en el IP porque ninguno de ellos está capacitado en administrar y supervisar los registros de la propiedad muebles, inmuebles e intelectuales de los ciudadanos.
“En este caso del IP ha habido un notorio componente político. Si la presidenta estima que los funcionarios no están rindiendo como deberían, creo que debería gestionar la sustitución y no nombrar a tres o cuatro personas que solo aumentarán el gasto público”, analizó el experto Raúl Pineda Alvarado.
Para Alvarado, los resultados de esta intervención serán los mismos que en gobiernos anteriores.
“Está probado que las intervenciones no han funcionado ni en el gobierno pasado ni en este debido a la naturaleza misma de las organizaciones”, declaró.
Un ejemplo claro de fracasos en las intervenciones está la que realizó el expresidente Juan Orlando Hernández en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en la Policía Nacional y en la Inversión Estratégica de Honduras (Investh).
En la actualidad, el gobierno mantiene intervenidos el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y el Sistema Nacional de Emergencias 911, cuyos resultados han sido pobres.
También, mantuvo intervenida la Oficina de Bienes Incautados (OABI), la Dirección Nacional de Servicio Civil y el Instituto Nacional Penitenciario (INP), donde tampoco se lograron superar los conflictos administrativos y de operatividad.
¿Quiénes son los interventores?
El presidente de la comisión interventora es Esdras Rafael Gutiérrez Ochoa, abogado de profesión.
De acuerdo con documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas de 2018, Gutiérrez demandó al Estado por concepto de pagos de prestaciones a un grupo de empleados de la alcaldía de El Rosario, Olancho.
Se trata de la demanda 014-2018, promovida a favor de los señores José Abraham Romero, Rosa Caballero, Sandra Padilla, Kenia Garrido y Jorge Almendarez, por un monto de 4.4 millones de lempiras.
Por su parte, Jennifer Carolina Tercero es una experta en ciberseguridad que trabajó en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Es originaria de Danlí, El Paraíso.
Por otro lado, Lenin Francisco Funes es abogado con una especialidad en derecho penal. En los últimos meses, se desempeñó como asesor de la Secretaría de Seguridad.
Intervención debe ser técnica
Ahora, el mismo gobierno de Xiomara Castro ordenó la intervención del IP por el desvío de fondos de más de 18 mil millones de lempiras.
El analista Alvarado expresó que la presidenta se equivocó al nombrar a “funcionarios involucrados en ese partido político”.
“Los tres son militantes de Libre, no son expertos en materia de derecho de la propiedad o en el manejo de los aspectos digitales que esta institución necesita. La intervención debe ser técnica y no política”, señaló.
Para la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), también es preocupante que ninguna junta interventora dé resultados y reprocharon que las personas puestas en este cargo sean desconocidas por capacidades y méritos.
“Solo se espera que los interventores reciban altos sueldos, falta de transparencia que se generará en la intervención”, lamentó Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Justicia de la ASJ.
“Siempre, para apagar la crisis o la llama de los sectores organizados, llaman a intervenir, pero eso nunca se ha materializado en resultado”, añadió.
Aunque los sueldos de los interventores aún no son públicos, la ASJ presume que serán entre 200 mil y 250,000 lempiras por cada interventor y son tres.
Ante los cuestionamientos y la toma por parte de empleados del IP en el Centro Cívico Gubernamental (CCG), el ministro de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), Ricardo Salgado, expresó que “es inaceptable porque está básicamente dirigida a encubrir un acto de corrupción”.
Hasta la noche del lunes, los empleados del IP siguieron con la toma del Centro Cívico denunciando y persecución política en contra del precandidato presidencial de Libre, Jorge Cálix.
No obstante, aplicando el uso de la fuerza y del protocolo de despeje de vías públicas e instalaciones serían las medidas que utilizarían las autoridades policiales en caso de que los colectivos de Libre persistan con las tomas.
