TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aplicando el uso de la fuerza y del protocolo de despeje de vías públicas e instalaciones serían las medidas que utilizarían las autoridades policiales en caso de que los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) persistan con las tomas al interior del Centro Cívico Gubernamental (CCG)
“De no ceder los manifestantes en sus pretensiones de seguir en la toma del Centro Cívico Gubernamental, se procederá a realizar las acciones legales establecidas en nuestros manuales del Uso de la fuerza y del Protocolo de Despeje de vías públicas e Instalaciones”, dice parte un comunicado por parte de la Secretaría de Seguridad.
Asimismo, se informó que queda conformada una comisión para analizar las actuaciones legales de los manifestantes en el CCG con el fin de evitar violación de derechos humanos.
La comisión está integrada por la Fiscalía General, con sus fiscales, Agentes Técnicos de Investigación Criminal (Atic), la Policía Nacional, con sus Unidades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y Fuerzas Especiales.
Desde la Secretaría de Seguridad consideran que estan protestas vulneran los derechos laborales, así como de locomoción de los trabajadores y las personas que realizan diligencias a diario en el CCG.
La polémica entre un grupo de militantes del partido de gobierno inició luego que la presidenta Xiomara Castro anunciara la intervención y expusiera irregularidades dentro del Instituto de la Propiedad (IP), donde, según la mandataria, se ha erogado más de 18 mil millones de lempiras sin registros fiables y en violación de la ley
Tomado amaneció el CCG
Bloqueado en sus accesos, amanecieron los accesos del Centro Cívico Gubernamental (CCG) por colectivos del partido Libre la mañana de este lunes 3 de junio.
Los militantes del partido de gobierno se encontraban dentro de las instalaciones del CCG desde altas horas de la noche de ayer domingo y en la mañana se confirmó que se mantienen en “protestas pacíficas”.
Los manifestantes exigen al gobierno que cese el hostigamiento político, se investiguen los casos de corrupción y estabilidad laboral para la militancia del partido oficialista.
Además, rechazan las intenciones de despido por parte de empleados del Instituto de la Propiedad (IP) que son simpatizantes del precandidato presidencial de Libre, Jorge Cáix.
