TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado nacionalista de Santa Bárbara, Mario Alonso Pérez, se encuentra inmerso en un proceso judicial tras ser acusado ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de amenazas.
El Código Penal señala que las penas por este delito pueden variar desde uno hasta cuatro años de prisión o la realización de servicios de utilidad pública, dependiendo de la naturaleza y condicionalidad de la amenaza.
En específico, el Código castico con “prisión de uno a tres años o prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas de 180 a 360 días, cuando la amenaza no haya sido condicional”. En caso de que la amenaza sea condicional, la pena podría ascender a dos a cuatro años, manteniendo la misma posibilidad de prestación de servicios.
El agravamiento de la situación podría presentarse si la amenaza se efectúa por escrito o mediante medios informáticos, audiovisuales o telemáticos, lo cual podría resultar en un aumento de hasta un tercio en las penas estipuladas.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que el congresista es acusado por amenazas en perjuicio de un integrante de la seguridad interna del Congreso Nacional. Los incidentes datan del 31 de octubre durante una sesión ordinaria que culminó en disturbios en los bajos del Congreso Nacional.
En medio de estos disturbios, se difundió un video donde se observa al diputado Pérez apuntando con un arma a un miembro de seguridad del Congreso Nacional mientras este intentaba abrir uno de los portones para permitir el ingreso de colectivos del Partido Libertad y Refundación.
Mora detalló que los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 de la noche, implicando una amenaza con un arma de fuego al guardia de seguridad Edgar Joel Corea.
Una vez que el requerimiento fue interpuesto por los fiscales, la Corte Suprema de Justicia nombrará un juez natural para llevar adelante el caso, el cual se mantiene abierto debido a las múltiples denuncias de agresiones al diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas.
