Tegucigalpa. Un aumento de 500 millones de lempiras para la Secretaría de Planificación Estratégica, dirigida por Ricardo Salgado, uno de los funcionarios más radicales del gobierno, trabó en el Congreso Nacional la aprobación del presupuesto general de la República para el período 2025.
Así que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro por segundo año consecutivo recibirá el año nuevo sin un presupuesto para la administración del país, donde los hospitales viven sus peores carencias de insumos básicos para atender a los enfermos.
Las bancadas opositoras se encapricharon en no aprobar los recursos luego que se enteraran que el Ejecutivo le aumentaba 500 millones de lempiras a la oficina de Salgado, un iracundo ministro que ataca con acidez a cualquiera que critique al gobierno.
El último intento por discutir el presupuesto se dio el 23 de diciembre, pero el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo canceló la sesión programada, luego que no lograra un consenso con las otras bancadas opositoras para destrabar la aprobación.
El presupuesto es un tema pendiente para este próximo año, aseguraron diputados oficialistas y de oposición. “No se logran los consensos, vamos a esperar hasta los primeros días de enero”, expresó Oved López, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Oved López.
Para la diputada nacionalista, María Antonieta Mejía, los 358 artículos del proyecto de presupuesto merecen una discusión a fondo; “sin embargo, el presidente ilegal del CN (Luis Redondo) insiste en imponerlo de manera arbitraria, ignorando los reclamos”.
“En vez de promover un debate serio, el presidente ilegítimo del Legislativo está más ocupado en su campaña de reelección, aprovechando de paso los recursos públicos”, acusó la congresista.
La manzana de la discordia que mantiene alejados los consensos entre el oficialismo y la oposición son los elevados montos otorgados a la Secretaría de Planificación Estratégica, además de la falta de asignación de presupuesto al Consejo Nacional Electoral (CNE) y los bajos montos a temas de salud y educación, entre otros.
Ante su incapacidad para lograr consensos y en un acto de desesperación, Redondo volvió a las amenazas, manifestando que la no aprobación del presupuesto constituye una violación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y tienen consecuencias legales.
