TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un juez de letras designado dictó este miércoles medidas distintas a la detención judicial a 12 imputados por el manejo de recursos dentro del Congreso Nacional.
Entre los señalados se encuentran un diputado y 4 excongresistas, además de dos contadores de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y cinco particulares.
La audiencia de declaración de imputados comenzó en horas de la mañana y finalizó a eso de las 5:30 de la tarde y según informó el Poder Judicial, “a petición de las partes procesales se dictaron medidas cautelares distintas a la prisión contra las 12 personas”.
Entre las medidas aplicadas se encuentra la ordenanza de quedar al cuidado y vigilancias de sus equipos de defensa y la prohibición de salir del país, según explicó Carlos Silva, portavoz de la institución.
Silva detalló que los imputados por fraude y lavado de activos son Alberto Chedrani (actual diputado) y José Vicente León (exdiputado) y por el delito de fraude: Oswaldo Ramos Soto (exdiputado), Ricardo Díaz (exdiputado) y Rodimiro Mejía (exdiputado).
Además, Mirna Ham, José Casulá, Fabio Rodríguez, Nahúm Osorto y David Flores por el delito de encubrimiento y Ramón Núñez (contador de ONG Líderes Comunitarios para el Desarrollo (OLICODE)), y Marvin Sabillón (contador respectivamente de la ONG Impulso Solidario (OIMSO)) por falsificación de documentos públicos.
La audiencia inicial para los 12 señalados quedó programada para el próximo viernes 5 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana, fecha en la que se espera iniciar con la evacuación de los medios de prueba.
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El caso
Este nuevo acto de corrupción fue denominado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) como “Red de diputados”.
De acuerdo a las investigaciones, los mencionados durante su periodo comprendido entre 2013-2017 habrían realizado operaciones fraudulentas y saqueo de fondos al Congreso Nacional en colusión con varias ONG.
Otros de los involucrados son Dalia Esmeralda Palma Sánche, presidenta de la ONG Líderes Comunitarios para el Desarrollo y José Wilfredo Flamenco Ramírez presidente de OIMSO, a quienes se les acusa de fraude, lavado de activos, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos.
Los investigados desarrollarían 46 proyectos de microempresas y generación de empleos en Francisco Morazán, Cortés y Copán, sin embargo, solo se ejecutó el cinco por ciento (5%) aproximadamente y se desviaron un total de 18 millones 950 mil lempiras.
Se determinó que los acusados desviaron los fondos en gastos personales, campañas políticas con el uso de redes de organizaciones de sociedad civil, captando los directivos de las ONG el dinero de los proyectos y retornándolo a los diputados mediante depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias.
De acuerdo a la investigación, Chedrani percibió 19 depósitos de más de 29 millones de lempiras y Ramos Soto recibió cuatro depósitos de casi un millón de lempiras.
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