TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las empresas privadas y las entidades públicas están obligadas a garantizar que su actividad económica no destruya el ambiente.
Pero el compromiso es mínimo, debido a que los desechos sólidos, el humo y aguas contaminadas están destruyendo el bosque y los ríos de Honduras.
EL HERALDO comprobó que no existe paridad entre las empresas que operan en el país y la cantidad de licencias ambientales que se otorgan cada año.
Un ejemplo es que en 2017, solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula se registraron 12,889 empresas en las cámaras de comercio de ambas ciudades, pero de este total, en licencias, auditorías y permisos, solo se entregaron 459 por parte del Estado.
La entidad responsable de dar los permisos ambientales es la Secretaría de Recursos Naturales Ambiente y Minas (MiAmbiente), donde reconocen que no tienen capacidad para inspeccionar cada empresa o negocio.
Según la oficina de Transparencia de MiAmbiente revelan que las licencias ambientales que se entregan por año son pocas. Esto es un problema, porque los empresarios están trabajando sin las especificaciones técnicas necesarias.
Para el caso, en 2014 se entregaron 461, licencias; en 2015 fueron 427; para el 2016 bajó a 390; en 2017 la reducción llegó a 362, pero el cierre de 2018 se logró aumentar a 538 licencias.
Fernando Juárez, director de Modernización y Descentralización de MiAmbiente, reconoció que solo un 20% de las empresas y proyectos a nivel nacional están cumpliendo con las licencias.
“Casi el 80% de las empresas y proyectos a nivel nacional carecen de ese requisito legal que establece la Ley General del Ambiente”, reconoció el funcionario.
Son más de 20 mil proyectos que no tienen su licencia ambiental, pero MiAmbiente solo cuenta con un registro de 16,000, de los cuales alrededor de 6,000 ya están cerrados. Para garantizar que todas las empresas que generan una actividad económica y que causan un impacto en el ambiente cumplan con este requisito, se hará una clasificación por rubro. Por ejemplo, a las micro y pequeñas empresas se les agilizará el proceso, no dándoles una licencia, sino que una constancia Mipyme.
Esto les permitirá no requerir una licencia ambiental, es decir que son para las empresas de categoría I y II que tienen un muy bajo impacto ambiental. El problema es que las pequeñas empresas no tienen recursos para pagar una licencia que va desde 30,000 a 35,000 lempiras el costo, pero la constancia tendrá un valor de 200 lempiras y a otras empresas se podría reducir en un 40% el costo.
Las pérdidas para el Estado son millonarias, debido a que con solo 538 empresas que solicitaron su permiso ambiental el año pasado recaudaron más de 91 millones de lempiras. Los recursos son enviados a la Tesorería General de la República (TGR) y la Secretaría de Finanzas (Sefin) le regresó solo el 50% de los fondos generados para que pueda trabajar. Para emitir una licencia ambiental se toma en consideración la categoría, el riesgo de contaminación del proyecto, un coeficiente de impacto ambiental y la inversión.
Pero todo esto suma cerca de 1 millón 700 mil variables que se verifican mediante un sistema electrónico con base en la actividad y ubicación
