Tegucigalpa, Honduras
Miembros del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentaron ayer una nueva línea de investigación sobre presuntos actos de corrupción cometidos en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Se trata de una investigación realizada en el proyecto energético del valle Aguán que involucra a un exgerente de la ENEE y varios funcionarios actuales.
Según el CNA, el exgerente de la estatal eléctrica suscribió un contrato para la construcción de viviendas en el Complejo Energético Valle del Aguán por un monto de 21.2 millones de lempiras.
Posteriormente, un exdirector de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) de la ENEE solicitó la construcción de una cerca perimetral y dos perforaciones de pozo para el campamento a un monto de 8.9 millones de lempiras.
Asimismo, otro de los dos exdirectores firmó una ampliación al contrato original del proyecto para el mantenimiento de ese complejo por un monto de 9.3 millones de lempiras. Esta última acción se llevó a cabo igualmente en el proyecto hidroeléctrico de Patuca III, en Olancho.
“Estamos señalando a un exgerente general de la ENEE, así como a dos exdirectores de la unidad especial UEPER y a otros empleados que todavía están en esa institución que están vinculados de una u otra manera en todo este proceso”, dijo Gabriela Castellanos, directora del CNA.
“La empresa contratada para realizar el servicio de mantenimiento y seguridad no realizó los trabajos requeridos, y aún así la ENEE contrató y pagó mensualmente a jornaleros para que realizaran dicha labor”, manifestó Castellanos.
Mencionó que en estos proyectos identificaron una presunta sobrevaloración de las viviendas construidas en este campamento, así como también contratos de limpieza y mantenimiento.
De acuerdo al ente de sociedad civil, la empresa contratada para ejecutar estos proyectos tiene fuertes vínculos con la criminalidad organizada.
EL HERALDO reveló el pasado 27, 28 y 29 de marzo de este año la documentación que sustenta la sobrevaloración de los contratos y la relación de la empresa con la banda criminal Los Cachiros.
Se trata de Inversiones Acrópolis, que desde el año 2011 es propiedad de Francisco Mejía, que en 2009 constituyó la empresa Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar), propiedad de Devis Leonel Rivera.
