La Ley de Inversiones costa de 22 artículos y busca el uso de los fondos de los institutos de previsión social para distintos proyectos a través de una normativa, algo con lo que el Cohep tiene sus reservas.
'En las circunstancias actuales de incertidumbre y distorsiones graves en la economía, un proyecto de ley de esta naturaleza debiera ser consensuado con actores claves', dice el Cohep, a travpes de un comunicado, donde además señala que dicha ordenanza 'contiene muchos elementos que podrían poner en duda su legalidad'.
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La misiva expone que 'crear una sociedad mercantil por ley es contrario al principio de libre asociación voluntaria que rige en estas sociedades, atenta contra la buena gobernanza, diluye la responsabilidad de los miembros de la directiva, la exime de la aplicación de leyes y reglamentos que están vigentes para proteger los intereses del público y la autoriza para operar con recursos públicos sin prácticamente ninguna supervisión y eximiéndola del cumplimiento de normas que se crearon para proteger el interés público, en este caso particular, el de los afiliados a los regímenes de previsión social'.
El ente además solicita y considera necesaria la opinión del BCH y la CNBS en este proyecto de ley. También evidencia la importancia de la opinión de los organismos multilaterales de crédito, especialmente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Señala que la nueva Ley entra en contradicción con leyes ya existentes, misma que deben ser estudiadas por profesionales del derecho con el fin de obtener una mejor comprensión del alcance de otorgarle a esta ley un rango superior a cualquier disposición legal que se le oponga.
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Por último, deja clara su postura en que 'una iniciativa como esta debe de ser consensuada para que verdaderamente pueda lograr los objetivos planteados, que se rescaten las propuestas valiosas y que efectivamente vengan a cubrir esos vacíos'.
'En conclusión este proyecto de ley tan importante debe ser debidamente consensuado con los distintos sectores que pudiese afectar y sobre todo fundamentarse en principios de legalidad, transparencia, libre asociación y competencia, garantizando a través de un gobierno corporativo robusto el buen uso de recursos tan sensitivos como los son los caudales que pudieran ser aportados por fondos de previsión as? como otros miembros del sistema financiero', agrega.
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