TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó indicios de responsabilidad penal en seis auditorías relacionadas con el manejo de los recursos del Fondo Departamental. El ente contralor procedió a enviar los expedientes al Ministerio Público (MP) para su respectiva judicialización.
En las auditorías se identificó que los diputados que gestionaron recursos al Congreso Nacional a través de las ONG desviaron los recursos para sus bolsillos y no para ejecutar los proyectos sociales.
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Esta hipótesis del TSC toma fuerza porque los auditores visitaron los lugares donde supuestamente se ejecutaron los proyectos y al entrevistar a los habitantes les contestaron que en ningún momento habían sido favorecidos con las obras.
Las auditorías involucran a varios diputados de Francisco Morazán, que gestionaron recursos para ejecutar proyectos de fumigación, chapeo y capacitaciones en diversos sectores de la capital, pero que jamás se realizaron.
Los auditores especiales pudieron detectar que en los seis expedientes se logró determinar un perjuicio económico contra las arcas estatales de 4,050,000 lempiras.
En el legajo de documentos, se implica a una sola ONG por el manejo irregular de 1.5 millones de lempiras, otras cuatro por más de 500,000 lempiras cada una, aseveró una fuente del ente contralor. “Son ONG que presentaron sus liquidaciones y en primer lugar para poder verificar se hizo un trabajo de campo, y en los lugares no dan cuenta, no saben, que no han visto los proyectos”, confió la fuente.
El ente contralor exigió a las ONG que presentaran pruebas de la ejecución de proyectos, sin embargo, no mostraron ninguna evidencia.
El Tribunal de Cuentas no precisó los nombres de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ni de los diputados y exdiputados presuntamente involucrados.
En octubre de 2018, el TSC comenzó a auditar a 125 entidades gestoras. A la fecha se reporta un total de 45 proyectos ejecutados por 58 ONG y ocho municipalidades.
Sin embargo, solo 27 informes de auditorías del Fondo Departamental han sido concluidos. En seis auditorías se detectaron indicios de responsabilidad penal por lo que fueron remitidas al MP.
El magistrado presidente del TSC, Roy Pineda, reconoció que ha sido difícil la investigación mediante auditoría del Fondo Departamental, sobre todo por la cantidad de años que se estableció para comenzar a investigar (de 2006 a la fecha). “Del 2006 al 2010 es bastante tiempo porque los pliegos de responsabilidad que pudieran emitirse, con los diez años de investigación que tiene el Tribunal, estarían prescritos, lo que pasa es que no se pueden dejar períodos sin investigar”.
Aseguró que “nos preocupa mucho esa auditoría, estamos muy atentos haciendo las observaciones, revisando al área que le corresponde realizar la investigación”.
El funcionario dijo que las investigaciones se han tornado difíciles por que “no son obras tangibles, son obras que desaparecieron por la naturaleza misma, como el caso de las chapias, un balastreo, una fumigación, son no tangibles y considero que hay mucha dificultad para poder determinar”.
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