TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción le dictó ayer un auto de formal procesamiento a los
12 exdirectivos del Instituto Hondureño de Seguridad de Social (IHSS), acusados de adquirir equipo médico sobrevalorado en un 114%.
Sin embargo, la jueza que conoce la causa dictó la medida de arresto domiciliario contra tres exdirectivos y medidas distintas a la prisión a favor otros siete acusados.
Mientras que dos procesados más se mantendrán con la medida de prisión preventiva porque se encuentran sentenciados por el delito de lavado de activos en perjuicio del Seguro Social.
A los imputados óscar Manuel Galeano Florentino, Luis Alonso Mayorga y Leonardo Villeda Bermúdez se les impuso la medida de arresto domiciliario con vigilancia policial.
En el caso del sindicalista Hilario Espinoza, le fueron dictadas medidas distintas a la prisión como mantenerse bajo el cuidado y vigilancia de su apoderado legal, presentarse los lunes y viernes a firmar el libro de asistencias en el Juzgado de Letras, la prohibición de no salir del país, no frecuentar el IHSS y constituir a favor del Estado una fianza hipotecaria de una vivienda ubicada en Tegucigalpa.
El señor Armando Villatoro deberá presentarse a firmar los viernes el libro a los Juzgados de Paz de San Pedro Sula y la prohibición de salir del país.
La jueza le dictó al sindicalista José Humberto Lara las medidas cautelares de permanecer bajo la vigilancia de su abogado, firmar los lunes en el Juzgado de Paz de San Pedro Sula, no salir del país y no visitar el Seguro Social.
Las mismas medidas se le impusieron al señor Fabricio Valentín Vásquez.
De su lado, a José Manuel Espinal se le impuso la medida de mantenerse en custodia y vigilancia con su abogado, quien deberá informar cada 15 días al juzgado sobre el comportamiento de su defendido.
Al empresario Benjamín Bográn se le dictaron las mismas medidas, pero deberá presentar una fianza hipotecaria sobre un bien inmueble ubicado en la ciudad de San Pedro Sula.
En el caso del señor óscar Arnaldo Carranza se le impusieron las mismas medidas y una caución de 500 mil lempiras y una fianza hipotecaria a favor del Estado debiendo presentar la libertad de gravamen y el avalúo correspondiente.
Las cauciones e hipotecas se deberán presentar en un plazo de cinco días hábiles, informaron fuentes oficiales del Poder Judicial.
En el caso de los exsubsecretarios de Trabajo, Carlos Montes, y de Salud, Javier Pastor, se mantendrán bajo prisión en el Primer Batallón de Infantería.
Desarrollo
La jueza que conoce el proceso judicial, bautizado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) como “Licitación fraudulenta del Seguro Social”, había programado la audiencia para las 11:00 de la mañana, pero su inicio sufrió un retraso de cinco horas y 20 minutos.
El traslado de los 12 imputados al juzgado se complicó debido a la poca presencia policial en la jurisdicción.
Y es que en las afueras se manifestaban los familiares, amigos y compañeros de los imputados, quienes a través megáfonos exigían justicia.
Las coordinaciones de seguridad se completaron al filo de las 2:50 de la tarde, hora en que los acusados hicieron su ingreso al Juzgado Anticorrupción a escuchar el fallo.
Ellos esperaron en una celda del juzgado por varios minutos y fue hasta las 4:20 de la tarde en que la togada comenzó a la lectura de su sentencia.
En el interior, los familiares y amigos seguían en su protesta, y cuando escucharon la resolución, algunos de ellos lanzaron petardos y gritaron que se había hecho justicia.
Sin embargo, los apoderados legales de los imputados no salieron del todo contentos del fallo emitido y anunciaron que interpondrán un recurso de apelación para revertir el fallo de la jueza porque a su juicio no existe ningún delito.
“Estamos satisfechos en un porcentaje porque nosotros esperábamos que se diera el sobreseimiento definitivo. La historia no termina acá, la sentencia será recurrida y tendremos el derecho de apelar la resolución”, anunció Salomón Amador, defensor del sindicalista Hilario Espinoza.
De su parte, el Ministerio Público, a través de los fiscales de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), también apelarán el fallo porque buscaban que los 12 exdirectivos del IHSS fueran procesados con la medida de prisión preventiva por la supuesta gravedad de los delitos.
Las partes procesales interesadas en el juicio tienen un plazo de tres días hábiles para apelar el fallo de la jueza.
Cargos
De acuerdo a las investigaciones hechas por el equipo integrado de la Ufecic-Maccih, los exdirectivos aprobaron de manera irregular la licitación pública internacional número 05-2010 para la adquisición, reparación y mantenimiento de equipos médicos de los hospitales de especialidades de Tegucigalpa y regional de San Pedro Sula por un monto de 2,700 millones de lempiras.
Presuntamente, el contrato nunca debió haberse aprobado porque no existió un estudio que permitiera establecer el equipo a adquirir atendiendo a las necesidades del IHSS.
Asimismo, no se contó con un diseño que permitiera el ingreso del equipo comprado y en ese momento, el Seguro Social no contaba con disponibilidad presupuestaria para una adquisición de esa naturaleza.
Supuestamente, la adquisición se realizó sin respetarse el monto establecido en la resolución 02-08-09-2010 donde se aprobaron las bases de licitación, estimado como costo del proyecto 50 millones de dólares. A los acusados se les imputan los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.
Sin embargo, la jueza que conoce la causa dictó la medida de arresto domiciliario contra tres exdirectivos y medidas distintas a la prisión a favor otros siete acusados.
Mientras que dos procesados más se mantendrán con la medida de prisión preventiva porque se encuentran sentenciados por el delito de lavado de activos en perjuicio del Seguro Social.
A los imputados óscar Manuel Galeano Florentino, Luis Alonso Mayorga y Leonardo Villeda Bermúdez se les impuso la medida de arresto domiciliario con vigilancia policial.
En el caso del sindicalista Hilario Espinoza, le fueron dictadas medidas distintas a la prisión como mantenerse bajo el cuidado y vigilancia de su apoderado legal, presentarse los lunes y viernes a firmar el libro de asistencias en el Juzgado de Letras, la prohibición de no salir del país, no frecuentar el IHSS y constituir a favor del Estado una fianza hipotecaria de una vivienda ubicada en Tegucigalpa.
El señor Armando Villatoro deberá presentarse a firmar los viernes el libro a los Juzgados de Paz de San Pedro Sula y la prohibición de salir del país.
La jueza le dictó al sindicalista José Humberto Lara las medidas cautelares de permanecer bajo la vigilancia de su abogado, firmar los lunes en el Juzgado de Paz de San Pedro Sula, no salir del país y no visitar el Seguro Social.
Las mismas medidas se le impusieron al señor Fabricio Valentín Vásquez.
De su lado, a José Manuel Espinal se le impuso la medida de mantenerse en custodia y vigilancia con su abogado, quien deberá informar cada 15 días al juzgado sobre el comportamiento de su defendido.
Al empresario Benjamín Bográn se le dictaron las mismas medidas, pero deberá presentar una fianza hipotecaria sobre un bien inmueble ubicado en la ciudad de San Pedro Sula.
En el caso del señor óscar Arnaldo Carranza se le impusieron las mismas medidas y una caución de 500 mil lempiras y una fianza hipotecaria a favor del Estado debiendo presentar la libertad de gravamen y el avalúo correspondiente.
Las cauciones e hipotecas se deberán presentar en un plazo de cinco días hábiles, informaron fuentes oficiales del Poder Judicial.
En el caso de los exsubsecretarios de Trabajo, Carlos Montes, y de Salud, Javier Pastor, se mantendrán bajo prisión en el Primer Batallón de Infantería.
Desarrollo
La jueza que conoce el proceso judicial, bautizado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) como “Licitación fraudulenta del Seguro Social”, había programado la audiencia para las 11:00 de la mañana, pero su inicio sufrió un retraso de cinco horas y 20 minutos.
El traslado de los 12 imputados al juzgado se complicó debido a la poca presencia policial en la jurisdicción.
Y es que en las afueras se manifestaban los familiares, amigos y compañeros de los imputados, quienes a través megáfonos exigían justicia.
Las coordinaciones de seguridad se completaron al filo de las 2:50 de la tarde, hora en que los acusados hicieron su ingreso al Juzgado Anticorrupción a escuchar el fallo.
Ellos esperaron en una celda del juzgado por varios minutos y fue hasta las 4:20 de la tarde en que la togada comenzó a la lectura de su sentencia.
En el interior, los familiares y amigos seguían en su protesta, y cuando escucharon la resolución, algunos de ellos lanzaron petardos y gritaron que se había hecho justicia.
Sin embargo, los apoderados legales de los imputados no salieron del todo contentos del fallo emitido y anunciaron que interpondrán un recurso de apelación para revertir el fallo de la jueza porque a su juicio no existe ningún delito.
“Estamos satisfechos en un porcentaje porque nosotros esperábamos que se diera el sobreseimiento definitivo. La historia no termina acá, la sentencia será recurrida y tendremos el derecho de apelar la resolución”, anunció Salomón Amador, defensor del sindicalista Hilario Espinoza.
De su parte, el Ministerio Público, a través de los fiscales de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), también apelarán el fallo porque buscaban que los 12 exdirectivos del IHSS fueran procesados con la medida de prisión preventiva por la supuesta gravedad de los delitos.
Las partes procesales interesadas en el juicio tienen un plazo de tres días hábiles para apelar el fallo de la jueza.
Cargos
De acuerdo a las investigaciones hechas por el equipo integrado de la Ufecic-Maccih, los exdirectivos aprobaron de manera irregular la licitación pública internacional número 05-2010 para la adquisición, reparación y mantenimiento de equipos médicos de los hospitales de especialidades de Tegucigalpa y regional de San Pedro Sula por un monto de 2,700 millones de lempiras.
Presuntamente, el contrato nunca debió haberse aprobado porque no existió un estudio que permitiera establecer el equipo a adquirir atendiendo a las necesidades del IHSS.
Asimismo, no se contó con un diseño que permitiera el ingreso del equipo comprado y en ese momento, el Seguro Social no contaba con disponibilidad presupuestaria para una adquisición de esa naturaleza.
Supuestamente, la adquisición se realizó sin respetarse el monto establecido en la resolución 02-08-09-2010 donde se aprobaron las bases de licitación, estimado como costo del proyecto 50 millones de dólares. A los acusados se les imputan los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.
