TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En manos del Estado, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), está aplicar sanciones a los 97 diputados del Congreso Nacional que votaron por la destitución de los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en 2012.
Tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Estado de Honduras deberá indemnizar a los exmagistrados con el pago de 54 millones de lempiras, de los cuales cada uno recibirá 13.5 millones.
Los exmagistrados José Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz, José Francisco Ruiz y Gustavo Enrique Bustillo Palma fueron destituidos ilegalmente en 2012, según el fallo de la Corte IDH.
Ante la millonaria penalización, las posturas entre los parlamentarios se han visto caldeadas, ya que de un extremo algunos piden aplicar la acción de repetición a los implicados, mientras de otro lado piden sancionar arbitrariedades del actual CN y gobierno.
“El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer el estado de repetición contra todos los funcionarios públicos por cuya responsabilidad fue condenado”, explicó la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza.
Agregó que “en ese sentido, los diputados que votaron a favor de destituirlos están en el deber ético y legal de pagar la cuota de la condena”.
Espinoza recordó que durante la actual administración el CN han replicado las violaciones a la Constitución, al igual que los actos sucedidos en 2012, como la destitución de la exprocuradora Lidia Cardona, la elección de la directiva y otras acciones que podrían derivar en nuevas condenas al Estado.
Asimismo, el subjefe de bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, señaló que hay un sentimiento popular de que se responsabilice a los funcionarios si el Estado llega a pagar ese dinero producto del fallo.
“Implicaría que se responsabilice a Manuel Zelaya Rosales por la destitución ilegal a doña Gabriela Nuñez, donde también el Estado la tuvo que indemnizar en aquel momento, son varios los casos de los funcionarios destituidos ilegalmente por este gobierno”, dijo.
A criterio de Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libre, “no nos corresponde a los diputados juzgar a otros diputados, será la PGR quien deberá hacer los análisis para deducir las responsabilidades”.
El analista Raúl Pineda avaló que la PGR tendría que llevar la acción como representante el Estado y la ejecución de la sanción le corresponde a los juzgados comunes.
