TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró la mañana de este lunes responsable a Honduras por la destitución arbitraria de tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2012.
La madrugada del 12 de diciembre del 2012, el Congreso Nacional resolvió separar del cargo de magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras a Rosalinda Cruz, José Antonio Gutiérrez, Gustavo Bustillo y José Francisco Ruiz, un acto cuestionado en la gestión del ahora expresidente Juan Orlando Hernández. Mientras que la presidencia del país era ostentada entonces por Porfirio Lobo Sosa.
La jueza y presidenta de la Corte (Corte IDH) explicó las consecuencias que ahora las autoridades de turno debe cumplir por estos atropellos gestados hace más de una década por el gobierno de Partido Nacional.
De acuerdo a la resolución de la Corte, el Estado de Honduras incumplió “su deber de investigar las amenazas y hostigamientos que habrían sufrido las víctimas tras su destitución”.
También se incumplió con “adoptar medidas de protección a su favor y juzgar y sancionar a eventuales responsables de amenazas y hostigamiento”.
En consecuencia de lo anterior, se decidió por unanimidad de la Corte Interamericana responsabilizar al Estado por “la violación de las garantías judiciales, el principio a la legalidad, derechos políticos”, entre otros, en perjuicio de los magistrados destituidos.
También con cinco votos a favor y dos en contra, la Corte estableció que el Estado es responsable por la violencia del derecho al trabajo.
Por unanimidad también se condenó a Honduras por la violación de los derechos a la integridad personal y garantías judiciales.
Consecuencias
Asimismo, en un cuarto punto, la Corte decidió en unanimidad que Honduras por consecuencias deberá reparar los daños con medidas que se le establecieron desde el ámbito internacional.
El estado realizará en acto público de reconocimiento de responsabilidad.
“El Estado pagará las cantidades fijadas por concepto de indemnización alternativa, daños materiales y por el reintegro de costos y gastos”, leyó la jueza Hernández.
Honduras también deberá rendir un informe sobre las medidas optadas para cumplir por la sentencia. En tanto, la Corte supervisará el complemento íntegro de esta sentencia.
