TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontrara culpable a Honduras por destitución de magistrados el 2012, diputados y analistas piden deducir responsabilidad sobre actores del golpe.
La mañana de este lunes, la Corte IDH determinó que el Estado de Honduras deberá de indemnizar a los cuatro magistrados que ilegalmente fueron destituidos de la Corte Suprema de Justicia.
Para el analista Juan Carlos Barrientos, la suma económica de esta situación será millonaria.
Pagos de abogados que llevaron el proceso de las víctimas, pagos de salarios, bonificaciones, seguros, más daños emocionales es puntualmente, por lo que ahora el Estado debe de cancelar a cada magistrado y tomando en cuenta que son cinco años de servicio lo que tenían por cumplir, explicó Barrientos.
“Aquí estamos hablando de millones. Hay que ver si el Estado va a cumplir con esa sentencia”, añadió.
El letrado también miró con preocupación que el Estado no cumpla con esta sanción porque la Corte no cuenta con un mecanismo para obligarlos a pagar. “Esto prácticamente queda la voluntad del Estado el poder ejecutar esa sentencia”.
Otro de los que reaccionó fue el exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, quien a través de X instó a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Ministerio Público a perseguir a quienes son responsables de esta sentencia.
En tanto, Carlos Umaña, diputado del Congreso Nacional, pidió “buscar a los autores intelectuales y deducir responsabilidad. Eso sería justicia verdadera”.
“Condenados a pagar reparaciones a las víctimas. Estos actos sí son vergonzosos, en ese momento muchos fueron cómplices silenciosos”, dijo de su lado el canciller Enrique Reina.
En el 2012, una comisión del Congreso Nacional recomendó considerar la destitución de los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel y Gustavo Enrique Bustillo Palma, y la magistrada Rosalinda Cruz Sequeira, tras tres fallos de inconstitucionalidad emitidos por Sala de lo Constitucional de la CSJ.
La destitución fue aprobada por la madrugada del mismo día por la mayoría del Congreso Nacional.
Ante esto, más de una década después la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Honduras es responsable internacionalmente por la destitución arbitraria de tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
