Tegucigalpa, Honduras.- EL HERALDO dialogó con dos exmiembros de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), en relación con la propuesta que tiene el gobierno de Xiomara Castro para que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) sea un acusador privado.
De esta forma, la CICIH tendría la facultad de investigar casos de manera independiente, pero al momento de presentar los requerimientos fiscales será el Ministerio Público (MP) quien dé luz verde y acuse.
Virginia Contreras, exdirectora de seguridad pública de la Maccih, precisó a este rotativo que “soy una persona respetuosa de la soberanía de los Estados.
Si bien la soberanía hoy en día ha sido objeto de muchas críticas, por cuanto que imposibilita la protección de los derechos humanos por parte del mundo exterior, son los Estados quienes deben resolver sus propios asuntos de acuerdo a su legislación interna y los convenios internacionales suscritos por estos”.
Contreras indicó que “la CICIH per se, indistintamente de la forma que se le quiera dar, es muy importante para la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país”. Agregó que nunca habrá consenso total al momento de negociar algo y con la CICIH no es la excepción.
“No hay convenio perfecto, ya que la perfección es enemiga de lo bueno. Una posibilidad sería la creación de un acuerdo que tenga la suficiente amplitud para permitir en un futuro la ampliación de la competencia y funciones de la CICIH”, señaló.
De su parte, Alex Navas, exfiscal de la Maccih, rememoró que “la Misión daba las investigaciones o ayudaba a las investigaciones. El sistema híbrido en conjunto con la Fiscalía donde ambas partes puedan presentar acciones conjuntas es bueno”.
Una limitante que ve Navas para que la CICIH tenga más limitaciones son las reformas, algunas de orden constitucional, por lo que ve acorde el acusador privado.
“Habría que hacer reformas constitucionales y de hecho en 2018 se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Maccih donde dejó claro la Sala Constitucional cuáles son los parámetros para que una institución pueda actuar penalmente contra un ciudadano hondureño”.
