TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La captura del juez Marco Antonio Vallecillo Banegas, implicado presuntamente en una extorsión a un imputado, ha desatado un sismo en el sistema judicial hondureño y ha desafiado a la clase política del país.
La captura del juez no solo ha provocado una serie de conjeturas, sino que también ha dejado en el aire insinuaciones sobre la posible implicación de familiares de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso.
En medio de su arresto, Vallecillo el pasado sábado -a través de un mensaje de audio de WhatsApp- dijo que iba a “destapar la olla” de podredumbre y corrupción en el Poder Judicial y hasta salpicó al propio fiscal general del Estado, Johel Zelaya.
“Yo voy a declarar todo, voy a enmierdar a un montón de gente”, advirtió.
“Me están acusando de extorsión, cuando el testigo protegido fui yo el que lo sentó con el fiscal general y ahora me está involucrando a mí”, dijo.
Al momento de su captura el pasado sábado en una gasolinera de la salida al sur, supuestamente, Vallecillo arrastró a un familiar de Rebeca Ráquel.
Sin embargo, ayer mientras acudía al Juzgado de Letras Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción para participar en una audiencia de declaración anticipada de la supuesta víctima, se retractó.
“Desmiento categóricamente, en ningún momento sabía yo que había dinero en ese lugar y mucho menos, señores, que ese dinero era para el esposo de la presidenta (Rebeca Ráquel Obando), dejen de disipar noticias que son falsas”, afirmó.
El congresista del Partido Liberal, Jorge Cálix, respondió a un mensaje de la presidenta de la República, Xiomara Castro, en el que reiteró que “el esposo de una altísima funcionaria del Poder Judicial trafica con la justicia a vista y paciencia del gobierno que usted dirige. Y no, no me refiero a la magistrada Sonia Marlina Dubón ni a su esposo, el abogado Enrique Flores Lanza. No puedo decir absolutamente nada de ellos en ese sentido”.
De su lado, la presidenta Ráquel Obando descartó que su esposo o su familia estén implicados en actos de corrupción y más bien se puso a disposición del Ministerio Público para una investigación.
Prueba anticipada
El lunes, la supuesta víctima del juez Vallecillo compareció en el Juzgado para rendir una declaración anticipada de los hechos.
El juez Vallecillo solicitó al Juzgado poder acceder a la audiencia para certificar que el testigo era la misma persona que provocó su detención, empero su petición fue rechazada.
La intención de Vallecillo era interrogar al testigo en relación con la entrega del dinero.
“Se me ha violentado por completo el derecho a la defensa, me sacaron de la prueba anticipada. No sabemos si el testigo protegido va a ser el mismo”.
Denunció que “no me siento protegido por las arbitrariedades que están cometiendo desde el Ministerio Público. Manipularon mi teléfono, el que entregué de manera voluntaria para que los medios de prueba que yo tenía fueran inspeccionados y fueran hechos a mi favor, sin embargo, los audios que me apartan por completo de esta acusación fueron borrados; asimismo, fotografías en las cuales tengo presiones de ciertas personas en algunos casos, fueron eliminadas”.
“Esto no es más que una persecución, una rencilla de título personal por un comentario que realicé de un funcionario público de alto nivel”, declaró.
Relación de hechos
El requerimiento fiscal señala que el testigo protegido le expresó a su cuerpo de abogados que indagaran con Vallecillo sobre la interposición de una acusación en su contra.
Luego de la indagación, los abogados informaron al testigo que había una propuesta en la que se mencionaba que “el fiscal general había ordenado ofrecerle la oportunidad de convertirse en testigo protegido; en caso contrario, se presentaría un requerimiento fiscal”.
Los otros acusados, Nelson Sierra y Reinaldo Leiva, le indicaron al testigo que no había otra alternativa, por lo que lo citaron en un bufete en la colonia Palmira de Tegucigalpa.
El testigo solicitó a los imputados más información sobre el asunto, ya que no le habían entregado documentos relacionados, como el requerimiento fiscal. Además, mencionó que había un ofrecimiento para ser excluido del caso Cisco a cambio de una propuesta económica de 1.5 millones de lempiras por adelantado y 1.5 millones de lempiras por el documento de exclusión.
“Ante la manifestación de que revisaría la propuesta, le informaron que tenía una cita con la abogada María Tejada en el Ministerio Público el 5 de agosto a las 7:00 AM para hacer una supuesta declaración sobre la información que el testigo protegido poseía respecto a otros casos en los que se desviaron fondos del Estado a través de ONG y Ebal Díaz”, sostiene la acusación.
El 16 de agosto, los tres imputados intercambiaron comunicación con el testigo protegido mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto a través de las aplicaciones WhatsApp y Signal.
Su objetivo -de acuerdo con la acusación- era hacerle creer que el plan preconcebido estaba casi concretado y que debía asistir a las 10:00 AM a la cita con el fiscal general de la República, acompañado por Reinaldo Leiva.
Indica el requerimiento que una vez que el testigo protegido salió de la reunión con el fiscal general, los imputados acordaron encontrarse en un restaurante de la colonia Alameda alrededor de las 4:00 PM.
Al lugar acudieron el abogado Reinaldo Leiva, Nelson Omar Sierra y el testigo, quien les preguntó por qué no estaba presente el juez Vallecillo, ya que la entrega del dinero se realizaría personalmente a él.
El testigo mencionó que ya había entregado dos millones de lempiras, pero que no se había cumplido la promesa de una resolución favorable.
Debido a la ausencia de Marco Vallecillo, acordaron que la entrega del dinero se pospondría para el sábado y que el testigo debía estar atento a la hora que indicara el juez para recibir los tres millones de lempiras.
Estos fondos se distribuirían equitativamente entre el fiscal general (Johel Zelaya), la abogada María Tejeda y el mismo Marco Vallecillo, sostiene la acusación.
El sábado, los imputados continuaron con el plan de recibir el dinero que exigían “en concepto de extorsión con la finalidad de lucrarse”.
Por la mañana, Nelson Omar Sierra se comunicó con el testigo, informándole que Vallecillo había aceptado que la reunión se llevara a cabo en una estación de gasolina en la colonia Loarque.
El testigo llegó a la gasolinera a las 12:16 PM. En el lugar ya estaba estacionada una camioneta Prado color dorado, en la que se encontraba el imputado Nelson Sierra, quien se subió inmediatamente a una camioneta Lexus color champán para esperar la llegada de Vallecillo.
Minutos después, llegó una camioneta Prado color blanca de la cual se bajó Vallecillo y se dirigió hacia la camioneta Lexus. Fue en ese momento en el que fue arrestado por agentes de la ATIC y puesto a las órdenes de los juzgados.
El domingo se le dictó la medida de detención judicial y fue enviado a una celda en la Dirección de Fuerzas Especiales. La audiencia inicial está prevista para el viernes.
