La migración, según los sociólogos, es un fenómeno constante en todas las sociedades, pero en los últimos años el flujo de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos indocumentados camino hacia ese país del norte alcanzó niveles sin precedentes, a pesar de todas las restricciones.
La situación en la frontera se volvió un dolor de cabeza para la administración del presidente Joe Biden, quien apoyado por los congresistas demócratas ha decidido enfilar baterías contra las causas que generan la migración en los países del Triángulo Norte, o sea Honduras, Guatemala y El Salvador.
Acciones de peso contra la migración
Para atender el problema, Biden recientemente nombró a Ricardo Zuñiga (de origen hondureño) como enviado especial para el Triángulo Norte. Él guiará los esfuerzos para mejorar las condiciones de Centroamérica.
Hace dos días, también designó a la vicepresidenta Kamala Harris como la encargada de liderar la respuesta de Estados Unidos para atender la situación en la frontera y frenar la migración irregular.
Como parte de la estrategia se quiere trabajar para ayudar a los países de origen de los migrantes para brindarles soluciones de largo plazo a sus problemas, siendo clave un paquete de asistencia por 700 millones de dólares (unos 17,000 millones de lempiras) para América Central.
En todo el ajetreo para detener a los ilegales, según la AFP, la legisladora Norma Torres, la única centroamericana miembro del Congreso de Estados Unidos, rogó al gobierno de Biden limitar “severamente” la asistencia a los gobiernos de Centroamérica, en los que señaló “corrupción” y “mala gobernanza”.
Mientras tanto, Biden, en conferencia de prensa, reconoció ayer que “hay un aumento significativo del número de personas que llegan a la frontera en los meses de invierno -enero, febrero y marzo-”, porque los migrantes “pueden viajar con menor probabilidad de morir en el camino debido al calor del desierto”.
Aunque los republicanos lo acusan de haber alentado a los inmigrantes indocumentados, Biden indicó que el aumento del flujo migratorio había comenzado antes de su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero y que no se disculparía “por abolir políticas que violaron el derecho internacional y la dignidad humana”.
Para Graco Pérez, experto en temas internacionales, la reacción de Estados Unidos para frenar el éxodo de personas sin papeles abre una línea expedita para la toma de decisiones a nivel de gobiernos.
“Todo gobierno (hondureño) que quiera el bien del país debe sentirse fortalecido con el apoyo para luchar contra la corrupción, la impunidad, la desigualdad, la injusticia y todos aquellos problemas que generan la migración forzada”, afirmó.
El lío es que Estados Unidos “no ve en el gobierno hondureño a un interlocutor, por eso han dicho que van a trabajar en este momento con la sociedad civil y el sector privado”, añadió.
Desplazamiento
En el caso de los migrantes hondureños, según Pérez, éstos huyen de la extrema pobreza, de la violencia, de la falta de oportunidades, de la inestabilidad social y política, así como de la falta de gobernanza en un país cooptado por la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico.Situación similar enfrentan los otros dos países del Triángulo Norte; región sobre la cual la nueva administración estadounidense pretende poner mano dura, atacando aquellos factores estructurales causantes de alto flujo de indocumentados.
Aunque Biden sigue mandando el mensaje de que la frontera está cerrada, los migrantes parecen no tener otra opción y siguen llegando masivamente a la frontera, donde los agentes detienen entre mil y dos mil personas diariamente.
De acuerdo con los datos de la Patrulla Fronteriza, en la línea limítrofe sur de Estados Unidos, solo entre octubre de 2020 y marzo de 2021 han interceptado a unas 101 mil personas sin papeles, sobre todo centroamericanos.
Del número anterior un total de 56,771 detenciones fueron contra hondurelos, entre los que se cuentan 36,592 adultos solteros, 14,108 unidades familiares (ya sea un niño menor de 18 años con su padre o tutor legal) y a 6,071 niños no acompañados.
Crisis humanitaria
La situación amenaza con desbordar en una crisis humanitaria a pesar, que las autoridades norteamericanas están regresando a México, o a sus países de origen, a los adultos que llegan solos y a muchas familias; mientras que por otro están tomando en consideración a los menores no acompañados y a ciertos padres con niños pequeños.La vicecanciller hondureña Nelly Jerez, quien se encuentra en la frontera sur de Estados Unidos con un equipo de trabajo, expuso la situación dramática que viven los inmigrantes.
Se ayuda a los que quieren comunicarse con sus familiares, a los que piden buscar a sus parientes, a quienes solicitan su retorno voluntario y a los que piden protección y, sobre todo, se está atendiendo a los menores de edad.
“El lunes estuvimos en McAllen, Texas, verificando el procesamiento de la población migrante. Si son adultos son llevados a centros de detención y se les aplica un proceso de retorno”, puntualizó.
Aclaró que “las familias llevan un proceso diferente son conducidas a albergues o a los diferentes centros donde se determina el seguimiento que se les va a dar”.
Recordó que debajo de un puente, en un lugar totalmente abierto, en unas carpas, lograron identificar a un grupo de hondureños. A pesar de las difíciles condiciones en que se encuentran “se les da asistencia médica, se les atiende con las pruebas covid y se les da alimentación”.
Distintas situaciones
Jerez aclaró que hay dos tipos de casos en la frontera y para cada uno se da una respuesta diferente: aquellos que llegaron en la era Trump y los que pisan suelo en la administración Biden.“Aquellos que vinieron cuando todavía estaba el gobierno del presidente Trump, ellos son llamados. Los que están en el lado mexicano ingresaron a Estados Unidos, pero le seguirán un proceso para ver si califican o no. Pero esos son los que habían ingresado anterior a enero de este año”, explicó.
El que ingresa en este nuevo gobierno recibe un procesamiento. La gran mayoría son retornados y otra parte es ingresada para seguirles otro procedimiento a lo interno de Estados Unidos, detalló la vicecanciller.
El único trato preferencial son los niños y adolescentes, pues permiten que permanezcan temporalmente, pero no evita que exceda las capacidades.
El gobierno estadounidense señaló que hasta el martes había casi 5,000 niños bajo custodia de la Patrulla Fronteriza y 11,551 más en albergues del Departamento de Salud.
